En medio de un robusto dispositivo de seguridad y apenas 11 días después de haber asegurado su reelección legislativa, el senador Wadith Manzur y la representante Karen Manrique abandonaron las instalaciones del búnker de la Fiscalía para ser trasladados de manera definitiva a la Escuela de Carabineros y a la cárcel El Buen Pastor, respectivamente.
De esta manera, cumplen la medida de detención preventiva dictada por la Corte Suprema de Justicia dentro del proceso que los investiga por presuntamente negociar sus votos en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CICP) a cambio de millonarios contratos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) ejecutó la remisión luego de que el magistrado de la Sala Especial de Instrucción, Misael Rodríguez, solicitó a la dirección de la entidad acelerar los trámites administrativos para “explicar en dónde van a ser recluidos y precisamente que se pueda cumplir ese traslado”.
La exigencia culminó con la asignación del congresista conservador a una estación adscrita al complejo de La Picota que funciona en la Escuela de Carabineros, mismo lugar donde permanece la exconsejera presidencial Sandra Ortiz, y el envío de la dirigente araucana al pabellón 9 del centro penitenciario femenino, espacio donde recientemente se conoció la imagen correspondiente a su reseña formal de ingreso al sistema.
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La reclusión de los legisladores materializa la decisión adoptada el pasado 11 de marzo, cuando la mayoría de la Sala Especial de Instrucción ordenó privarlos de la libertad, bajo la premisa de que presuntamente empeñaron su función legislativa.
En ese entramado, la corporación concluyó, tras recaudar amplio material probatorio, que “en varias reuniones se habría acordado que la contraprestación para los congresistas, por el trámite de los créditos, sería el impulso de la contratación y obras de interventoría de tres proyectos” ubicados en Córdoba, Arauca y Bolívar.
Según el alto tribunal, dichos encuentros clandestinos sirvieron para establecer "los montos con los que representantes del Ejecutivo beneficiarían a los congresistas para comprometer su función", configurando una red de corrupción y cohecho impropio que le costó al erario cerca de $92.000 millones, originada en los sobrecostos de los carrotanques para La Guajira, y que mantiene privados de la libertad a los ex ministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, desde finales de 2025.
El expediente judicial se nutrió de pruebas documentales y testimoniales, incluyendo una libreta sometida a análisis grafológico en diciembre de 2024 y las declaraciones del exdirector de la entidad, Olmedo López, quien aseveró ante la justicia haberse reunido con Manrique durante 2023 para entregar a dedo los convenios, aunque el exsubdirector Sneyder Pinilla testificó posteriormente ser el autor material de las anotaciones de municipios y cifras.
Frente a estos señalamientos, el abogado de la representante, Andrés Garzón,explicó que las gestiones de su defendida respondieron a un paro cívico y están amparadas por la Ley Quinta de 1992.
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Además, advirtió que la política araucana, capturada tras entregarse en una estación policial del municipio de Tame, “no va a aceptar los cargos, no va a confesar” y que su estrategia se centrará en “demostrar que Karen Manrique no cometió ningún delito”.
Por su parte, Manzur, quien se presentó voluntariamente ante el CTI en la capital, señaló a través de sus redes sociales que afrontará el juicio con “la tranquilidad de haber actuado siempre conforme a la ley”.
El avance del expediente penal y las inminentes órdenes de captura no frenaron el caudal político de los procesados en los comicios legislativos celebrados el domingo 8 de marzo de 2026.
Manzur logró el salto de la Cámara al Senado impulsado por alianzas con figuras regionales como Ape Cuello en el Cesar y Juan Loreto Gómez en La Guajira, consolidándose como el séptimo candidato más votado de Colombia y el tercero del Partido Conservador, con 134.914 sufragios.
En paralelo, Manrique retuvo su escaño en la Cámara de Representantes por la Circunscripción Transitoria Especial de Paz de Arauca con 5.640 votos, amparada por la Asociación de Víctimas Intercultural Regional y diversas estructuras comunales, una curul que tras la confirmación de su reclusión queda sujeta a las decisiones institucionales y de reemplazo que deba adoptar el Congreso de la República.
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