El presidente de la República, Gustavo Petro, sorprendió ayer al anunciar la designación como gestor de paz al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, quien sigue en una cárcel de Estados Unidos, terminando de pagar una pena por narcotráfico.
Petro dio a conocer la noticia en Twitter, al relacionar un artículo del periódico El Espectador, en el cual se recuerda que este domingo se cumplió un aniversario más del llamado ‘Pacto de Ralito’, en el cual paramilitares y políticos acordaron trabajar juntos.
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“El proceso de paz entre el gobierno de Uribe y los paramilitares aún no ha terminado, aún no se sabe toda la verdad. Las haciendas entregadas en parte se han perdido en manos del Estado recicladas a nuevos grupos que heredan el paramilitarismo, muchos cuerpos de víctimas aún no han sido encontrados”, afirmó el mandatario.
El jefe de Estado precisó que, “para terminar el proceso y lograr la completa paz”, decidió nombrar a Mancuso como gestor de paz.
A través de esta figura, el Gobierno ha vinculado a exintegrantes de grupos ilegales o generadores de violencia, para que contribuyan con el proceso de paz o de reinserción de los mismos.
A favor y en contra
El expresidente Álvaro Uribe, también en Twitter, respondió y dijo que el proceso de su gobierno desmovilizó aproximadamente 35 mil paramilitares y 18 mil guerrilleros. Agregó que está en espera de las pruebas de la calumnia de Mancuso.
“El presiente lo nombre gestor de paz, no importa. Lo grave es que mienta y que haya discriminación. Deberían dar el mismo status a otros como Jorge 40, con 19 años de cárcel. Advierto, no lo conozco. A ninguno le he pedido ni le pediré que me favorezcan”, añadió.
El desmovilizado exjefe de las Farc Rodrigo Londoño, más conocido como Timochenko, firmante del proceso de paz con Juan Manuel Santos, sostuvo que “la designación de Salvatore Mancuso como gestor de paz debe contribuir al esclarecimiento de la verdad sobre los crímenes del Estado y la responsabilidad de civiles cómplices del paramilitarismo. Si su gestión es verdaderamente de paz, reivindicará los derechos de las víctimas”.
El senador independiente Jota P. Hernández señaló que “Mancuso, un asesino de 300 personas, es reconocido por Petro como un gestor de paz”. “El Gobierno que premia a los bandidos”.
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El senador Ariel Ávila, del Partido Verde, dijo que “obviamente Uribe protesta”. “Mancuso ha dicho mucha verdad, pero le falta lo de paraeconómia, esa es la gran verdad que falta. Jorge 40, en cambio, no ha dicho nada. Solo oculta y miente”.
El representante a la Cámara Hernán Cadavid, del Centro Democrático, afirmó que “ahora sí les sirve Mancuso, que además lleva 15 años hablando desde EE. UU. y hasta recibió visitas de Cepeda, Piedad, Córdoba, Danilo Rueda e Iván Velásquez”.
La senadora Sandra Ramírez, del Partido Comunes, aseguró que, “para que podamos transitar hacia La ‘Paz Total’, es urgente que todos los actores del conflicto armado aporten la verdad. La decisión del presidente, de nombrar a Salvatore Mancuso como gestor de paz, es un paso muy importante para conocer la verdad que falta de los hechos cometidos por los paramilitares”.
El exviceministro de Justicia, Rafael Nieto Loaiza, también reaccionó al anuncio: “Petro designa a Mancuso gestor de paz. Nuevo premio a los criminales, cachetada a las víctimas, burla a la justicia (Mancuso debe volver a cumplir sus sentencias) y pésimo mensaje para ciudadanos de bien. Petro gobierna para los bandidos, Petro amigo de los paras. ¿A cambio de?”
Enrique Gómez, director nacional del Movimiento Salvación Nacional, manifestó que la designación del exjefe paramilitar es “otra bofetada contra las víctimas, contra la justicia de este país. El desgobierno de Petro: por y para los criminales, genocidas, secuestradores. ¡Qué vergüenza!”.
Mancuso, una huella en el Catatumbo
Salvatore Mancuso, desmovilizado en 2004 de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), a las que perteneció desde la década de los 90, hizo parte del grupo de 14 exjefes paramilitares que fueron extraditados a Estados Unidos, en mayo de 2008, para cumplir procesos por narcotráfico.
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Hace casi 3 años terminó de cumplir la condena de la justicia norteamericana por ese delito, tras purgar 15 años de cárcel, pero no ha vuelto al país, en donde es acusado de varios delitos, entre ellos homicidio y tortura en persona protegida, toma de rehenes, desaparición forzada, desplazamiento forzado de población civil y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.
Su nombre resuena en Norte de Santander cada vez que sale a relucir en los medios de comunicación, porque en 1999 asumió como comandante del Bloque Catatumbo, con su base en este departamento, del que estuvo al frente hasta el 10 de diciembre de 2004, cuando se desmovilizó, y con el cual perpetró diversas masacres en esta zona de frontera.
Durante el tiempo que comandó ese bloque, según datos de la Fiscalía, pasó de contar con 270 hombres a unos 2.500, crecimiento que pudo sostener por la solidez financiera que le dio el narcotráfico.
El Bloque Catatumbo de las Auc se desmovilizó en la finca Brisas de Sardinata, en Norte de Santander. Salvatore Mancuso también dirigió los bloques Córdoba, Norte. El exjefe paramilitar entregó individualmente 22 bienes inmuebles y ante la justicia confesó 402 delitos puntuales.
En noviembre de 2014, con la presencia de cerca de 80 víctimas del Bloque Catatumbo, que se congregaron en el auditorio del Palacio de Justicia de Cúcuta, se leyó la primera sentencia contra Salvatore Mancuso y seis de sus más cercanos colaboradores en Norte de Santander, por sus acciones en el departamento.
Confesiones ante la JEP
El exjefe paramilitar ha expresado en diferentes momentos su intención de colaborar para que se conozca toda la verdad sobre el conflicto armado. En mayo pasado, Salvatore Mancuso rindió virtualmente cuatro días de declaraciones en una audiencia de Reconocimiento de Verdad, en Montería, ante la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Los magistrados que presidieron la diligencia le dieron un plazo de 30 días hábiles para cumplir con el compromiso de entregar datos concretos como nombres, hechos y pruebas relacionadas con las prácticas criminales que cometieron los ‘para’ en departamentos como Norte de Santander, para acreditar su ingreso a la justicia especial.
En la lista de datos que deberá entregar el exjefe del Bloque Catatumbo, tendrá que incluir los nombres de los militares venezolanos que, según dijo en una de las audiencias, estuvieron vinculados con la desaparición de cadáveres en la frontera con Venezuela.
Como lo contó La Opinión, en uno de los relatos entregados a la JEP, Mancuso aseguró que al menos 200 cuerpos de víctimas fueron dejados en territorio vecino o arrojados al río para que terminaran en Venezuela y que para estos traslados hubo una coordinación previa con la Fuerza Pública y militares de Venezuela, aunque sostuvo que no recordaba con exactitud los nombres de quienes participaron en estas acciones.
“En Venezuela se coordinó con unos militares, no tengo los nombres, pero allá hay cementerios con más de 200 personas en San Cristóbal, Ureña, San Antonio, La Fría y Boca de Grita. Otros fueron arrojados al río y también aparecieron en Venezuela”, dijo Mancuso a los magistrados.
La JEP le pidió a Mancuso entregar información novedosa sobre cuáles unidades militares estuvieron vinculadas con operaciones conjuntas en la región del Catatumbo. En diferentes momentos de la audiencia, él mencionó que el ingreso de los paramilitares a Norte de Santander se dio con la plena coordinación y apoyo del Ejército.
Salvatore Mancuso señaló que, en esta región, el exdirector del extinto DAS, Jorge Enrique Díaz Sánchez, asesinado después, fue una pieza importante para las autodefensas. “Hacía seguimientos, pedía interceptaciones, entregaba listados, participaba en operaciones”.
Mancuso expresó que hechos como el del asesinato del exalcalde Pauselino Camargo Parada, en Cúcuta, que se ejecutó en el año 2000, se coordinó directamente con el DAS.
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