En poco menos de un mes, dos situaciones diferentes pusieron a los guardias del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) en el ojo del huracán.

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Primero, fueron los paseos que, como Pedro por su casa, daba por Bogotá el empresario preso Carlos Mattos, a quien sus guardias le servían casi que de mensajeros o escoltas.

Luego, no habían terminado de acomodarse en sus cargos los nuevos directores del INPEC y La Picota, cuando estalló un nuevo escándalo, con la fuga de 'Matamba, que salió de la cárcel con uniforme de guardia y por la puerta principal.

55 guardias y el recién posesionado director de la cárcel, Juan Javier Papa, fueron llamados a investigación disciplinaria por la Procuraduría, mientras que el dragoneante Milton Jiménez, fue enviado a la cárcel por facilitar presuntamente la fuga.

Luego de ocurridos estos casos, el Gobierno ha planteado la necesidad de reformar el sistema penitenciario, pero, ¿cómo mejorar la guardia? ¿Cómo evitar que algunos de sus miembros sean proclives a la corrupción?

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Para Hernando Herrera, director de la Corporación Excelencia en la Justicia, el problema va centrado en que no hay una revisión del componente humano. También la violación a los reglamentos internos y a la ética, desencadena en actos de corrupción.

"Desde que se creó el Inpec han pasado 22 personas por las directivas; 14 meses en promedio ha durado cada director, lo que no solo genera una alta rotación sino un gran caos institucional. Pero la problemática no solo se presenta en la cúpula del Inpec sino en los niveles inferiores y específicamente en la guardia penitenciaria", explicó.

Para él, el tema de la corrupción se divide en varios componentes y mencionó los que tal vez puedan ser los más preocupantes, como la concesión indebida de permisos a la población carcelaria que terminan beneficiando a los reclusos, como fue el caso de Aida Merlano cuando cayó de un tercer piso de una clínica odontológica para fugarse. "Esto es usado por los internos para simplemente no volver o gozar de esa gabela de retiro momentáneo", declaró.

Otro fenómeno es la permisividad de venta de servicios ilícitos dentro de las cárceles, desde productos comestibles, dispositivos de comunicaciones y armas, siendo esto último lo más grave.

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"En ese sentido y teniendo esta radiografía, nos parece fundamental introducir una política de medición de la honradez de la guardia penitenciaria y de todos los funcionarios del Inpec. Insistimos en hacerles prueba por polígrafo desde que ingresa como nuevo personal y se vaya evaluando su condición para su estabilidad. Aquella persona que no pase esa prueba por ser proclive a la corrupción, el Inpec debe excluirla del servicio", sostiene.

Por otro lado, mencionó que la creación de los más de 60 sindicatos que existen en el Inpec, denota que no hay un objetivo misional que debe ser el de velar por la seguridad de la población carcelaria. "Los sindicatos tienen una función importante, pero es injustificable la existencia de más de 60 sindicatos, lo que incrementa la incoherencia y la anarquía institucional. Esto no permite líneas definitivas a largo plazo para una formulación de políticas penitenciarias sólidas", dijo Herrera.

Ante ello, Alejandro Álvarez, miembro y vocero del sindicato Federación de Servidores del Sistema Penitenciario, dijo que la creación de los numerosos sindicatos ha sido por el miedo permanente a que el Inpec entre en liquidación.

“Cuando todo el tiempo te dicen que tu entidad o empresa se va a liquidar ¿qué haces? Cuando eres padre o madre, cuando tomaste la decisión de hacer una carrera en lo público este caso Inpec y no tienes un plan b, te aforas y te proteges”, dijo Álvarez.

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Aceptó que entre sindicatos hay diversidad de pensamiento y existe la rivalidad y que no todos persiguen los mismos ideales.

Ante el tema de la corrupción, Álvarez mencionó que hace falta la presencia del Estado y que el hacinamiento en las cárceles es "un caldo de cultivo para que se presenten muchas cosas".

También que a los guardias les hacen falta programas de formación acompañados de una mejor remuneración, calidad en el empleo, mejores horarios y aumento de pie de fuerza. “Está demostrado que quien pisa un claustro universitario por lo menos tiene bases éticas o morales para rechazar cualquier tipo de soborno”.

Agregó que "mientras más funcionarios haya, más ojos hay vigilando para denunciar lo que está por fuera de la ley. Esto no solo es un tema que esté pasando en el Inpec, esto pasa en todas las entidades y en todos los niveles socio económicos. Hay muchas cosas qué rescatar del Inpec, una de ellas es que somos reconocidos a nivel internacional por la seguridad, pero hace falta educación, oportunidades de capacitación a nivel profesional o tecnológico".

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Mencionó que muchos políticos en campaña prometen enviar a la cárcel personas que obran contra la ley, ignorando que las cárceles están colapsadas y que la cantidad de guardianes no es suficiente para tanto preso. "En las cárceles no cabe nadie, por lo que debería haber una política de alternatividad penal en el que no necesariamente el sentenciado deba estar en un establecimiento carcelario y de alguna manera resarcir a la víctima. Al haber menos gente en las cárceles, estarán menos colapsadas evitando eventos como el soborno a funcionarios público", señaló.

Sobre el tema del hacinamiento, para el director de la Corporación Excelencia en la Justicia es importante crear más pabellones o más cárceles donde haya más cupos carcelarios y disminuir la sobre población.

"Para la verdadera rehabilitación de los presos, creemos que es mediante la concesión de programas que permitan la vinculación de empresarios que capten a esa población para que vayan purgando su pena", dijo Herrera. Esta idea no está tan lejana de lo que propone Álvarez, quien manifestó que "los que infringen la ley deben trabajar para empresas, que obtengan su pago y ese pago debería beneficiar a la víctimas".

Ante la rotación de varios directores del Inpec y directores de los centros carcelarios, Herrera apuntó a que "hay que ser más creativo para resolver la crisis, dándole estabilidad a la estructura del Inpec evitando las rotaciones desde la dirección general. El que llegue a ese cargo, debe tener la idoneidad para establecer una política penitenciaria de largo plazo".

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