El Tribunal de Cundinamarca citó a una audiencia pública para evaluar la imposición de una medida cautelar respaldada por la Procuraduría General de la Nación dentro de una demanda admitida en octubre del año pasado e interpuesta por el abogado Ramiro Bejarano, la cual buscaba ordenar al presidente, Gustavo Petro, rectificar y abstenerse de insistir en la posibilidad de un fraude electoral en vísperas de las elecciones legislativas y consultas interpartidistas, argumentando que dicha narrativa sin pruebas contundentes lacera profundamente la confianza legítima en las instituciones democráticas.

El pasado 5 de marzo, la instancia judicial corrió traslado a la Presidencia y al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) para que se pronunciaran sobre esta restricción, convocando a las partes a una diligencia este viernes 13 de febrero a las 8:00 a.m. para sopesar los argumentos del Ejecutivo, el Consejo Nacional Electoral (CNE), la Registraduría y el Ministerio Público.

Sobre esta intervención, la Procuraduría señaló que "la medida no solo es necesaria, idónea y proporcional para garantizar los derechos colectivos", sino que su carácter urgente obedece a la proximidad de las fechas dispuestas por la Organización Electoral para los comicios.

El demandante señaló que la narrativa gubernamental pone en duda la transparencia del proceso en aspectos como la manipulación del software de escrutinio, alteraciones en el kit electoral y presuntas irregularidades en el diligenciamiento de los formularios y tarjetones, un discurso que ya fue desmentido por los entes de control y la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea.

Frente a este panorama, el jurista concluyó que estas afirmaciones oficiales lesionan directamente "los derechos e intereses colectivos a la moralidad administrativa, la seguridad jurídica y la transparencia del proceso electoral", requiriendo la cesación inmediata de cualquier actividad que siga generando daño al servicio público administrativo.

Lea aquí: Gobierno y bancos firman acuerdo para apoyar a damnificados por el frente frío

Para dimensionar el impacto de las declaraciones, la acción judicial explicó que resulta jurídicamente inadmisible lanzar estas acusaciones sin que "exista información fehaciente de tales situaciones, debidamente soportada y corroborada por las autoridades judiciales, los órganos de control o las entidades que conforman la organización electoral, incluida la Comisión Nacional de Control Electoral".

Además, el documento concluyó que cualquier sospecha documentada obligaría a que se pongan "a disposición de las autoridades competentes y de la ciudadanía todas las fuentes de información y pruebas que sustenten estas afirmaciones".

Aunque las recientes elecciones se celebraron el 8 de marzo pasado, el Tribunal explicó que “la función pública electoral requiere, para su materialización, el despliegue de una serie de actividades anteriores, concomitantes y posteriores a los comicios, que permitan concretar los alcances de aquella y que corresponden a la categoría del servicio público administrativo aludido”.

Debido a que la jornada tiene un desarrollo posterior en el que el mandatario podría insistir en la acusación contra el proceso de votación, la corporación señaló que estas circunstancias "harían especialmente pertinente una eventual medida cautelar".

Finalmente, el despacho judicial concluyó que la adopción de este freno legal "tendrá sentido y guardará relación con la protección del derecho colectivo a la función pública electoral (confiabilidad del sistema electoral), en atención a las demás etapas electorales que deben surtirse en 2026", definiendo así la hoja de ruta para la decisión que se tomará tras escuchar a todos los intervinientes.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion.