El Ministerio del Trabajo informó que, tras una inspección realizada el pasado 26 de marzo, expidió el Auto No. 0010 del 7 de abril de 2026, mediante el cual impone medidas preventivas de cumplimiento inmediato a Caracol Televisión S.A., ante la identificación de riesgos actuales de afectación a los derechos fundamentales de sus trabajadores.

La actuación administrativa permitió evidenciar una brecha entre los protocolos formales de la empresa y su aplicación efectiva.

Entre los hallazgos se encuentran la presunta existencia de conductas reiteradas de acoso sexual laboral, el subregistro de denuncias por temor a represalias, la falta de investigaciones disciplinarias estructuradas y deficiencias en la trazabilidad y gestión de quejas.

Durante la visita de inspección, así como en actuaciones posteriores, la entidad también recibió denuncias por presuntos casos de acoso laboral y sexual dentro de la compañía.

Estos elementos, según el Ministerio, evidencian un riesgo actual de repetición de conductas y de vulneración de derechos como la dignidad humana, la igualdad y el trabajo en condiciones dignas y justas.

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Aunque la empresa adoptó algunas decisiones iniciales frente a los hechos denunciados, la entidad concluyó que no cumplieron con los estándares de debida diligencia, al no evidenciarse procesos investigativos estructurados ni acciones orientadas al esclarecimiento integral de los hechos.

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, aseguró que “no toleraremos el silencio ni la impunidad en el mundo laboral” y enfatizó que los protocolos deben garantizar una protección efectiva a los trabajadores.

Entre las medidas ordenadas se incluyen la protección integral de víctimas, denunciantes y testigos; garantías de no revictimización; inicio de investigaciones internas con enfoque de género; acciones de reparación y no repetición; fortalecimiento de los canales de denuncia; y estrategias de sensibilización y prevención.

Por su parte, la viceministra de Relaciones Laborales e Inspección, Sandra Muñoz, afirmó que estas acciones buscan transformar las condiciones que han permitido la repetición de estas conductas y garantizar entornos laborales seguros.

La medida tiene carácter preventivo, inmediato y obligatorio, y será transitoria mientras avanzan las actuaciones administrativas. El Ministerio advirtió que su incumplimiento podrá agravar la responsabilidad del empleador.

Finalmente, el Gobierno Nacional reiteró su compromiso con la construcción de espacios laborales dignos y libres de violencia, y anunció que continuará con el seguimiento riguroso del caso para verificar el cumplimiento de las órdenes impartidas.

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