La defensora del Pueblo, Iris Marín, advirtió este martes que la suspensión de órdenes de captura contra integrantes de grupos armados en el marco de la política de Paz Total del Gobierno podría estar operando como un "incentivo perverso" que, lejos de producir avances concretos en las negociaciones, permite a esos grupos mantener ataques contra la población civil en regiones como el Catatumbo.

Marín realizó estas declaraciones en Noticias Caracol, donde reconoció que el presidente de la República tiene la facultad de conducir el orden público y liderar este tipo de procesos, pero advirtió que esa facultad "no es arbitraria" y debe ser ponderada ante la continuidad de la violencia en los territorios.

La Defensora señaló que los compromisos pactados en las mesas de conversación no se reflejan en lo que ocurre sobre el terreno. Como evidencia, citó los ataques con drones y los combates registrados en Filo Gringo y El Tarra, en el Catatumbo, en los que señaló la participación del Frente 33, integrante de las disidencias de Calarcá, cuyos comandantes tienen suspendidas las órdenes de captura.

"Esa suspensión no ha generado, digamos, primero, no hay unos avances muy concretos en la mesa de conversaciones; hay una serie de compromisos muy positivos, pero que realmente no se pueden contrastar con la realidad. Al contrario, hoy estamos viendo, por ejemplo, en el Catatumbo otra vez ataques con drones y combates en Filo Gringo, en El Tarra, donde participa el Frente 33, que hace parte de las disidencias de Calarcá y donde los comandantes tienen suspendidas las órdenes de captura. Entonces, ahí también hay que ponderar la necesidad de suspender las órdenes de captura para adelantar las negociaciones, como lo han hecho todos los gobiernos, con la necesidad de proteger la población civil", indicó Marín.

Lea aquí: Fiscalía pide retirar beneficios de paz a disidencias del Frente 33 en el Catatumbo

La Defensora fue más lejos al plantear que esa herramienta jurídica, utilizada históricamente por distintos gobiernos en procesos de paz, podría estar siendo aprovechada por los grupos para perpetuar sus acciones armadas.

"Aquí lo que estamos viendo es que esas órdenes de captura suspendidas pueden estar permitiendo y siendo usadas por esos grupos para mantener los crímenes en contra de la población civil. Y ahí la decisión es del Gobierno, por supuesto, también la Fiscalía y la justicia, más bien los jueces, tienen un rol ahí bien importante. Pero, digamos, la conducción del orden público y las políticas de paz están en cabeza del Presidente y él tiene esa facultad, pero es una facultad que no es arbitraria y que la tiene que ponderar si está viendo que está generando más daños que avances para la gente", agregó.

Marín insistió en que el Jefe de Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad de los ciudadanos, con énfasis en niños, niñas y comunidades afectadas por las acciones de grupos armados en Caquetá y Norte de Santander, departamentos donde la violencia se ha mantenido pese a los acuerdos en la mesa.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .