Desde la cárcel de Itagüí, la delegación del Gobierno en mesa de paz urbana en Medellín defendió la postura de suspender las órdenes de captura a 23 cabecillas, pese a la decisión de la fiscal general, Luz Adriana Camargo.

Tras esta controversia que marcó otro punto de tensión entre el Ejecutivo y la Fiscalía, la delegación oficial, en cabeza de la senadora Isabel Zuleta, defendió este levantamiento de órdenes de captura, pese a los duros cuestionamientos de diferentes sectores del país.

“El origen de la petición de la resolución es la persecución judicial y mediática a este proceso, si el proceso de paz urbana no tuviese persecución no sería necesaria la resolución. Es meramente una garantía, no es un procedimiento y menos una libertad como se dijo falsamente por parte del alcalde y el gobernador”, señaló la parlamentaria.

Lea además: Ricardo Roa será imputado este miércoles por financiación de la campaña Petro Presidente de 2022

Aunque aceptó que actualmente se vive una “discusión jurídica compleja”, insistió en defender que no hay una posición única frente a la solicitud de estas medidas, ya que este proceso enfrenta situaciones “atípicas”, tras las declaraciones de la Fiscal General sobre lo insólito de suspender órdenes de captura a personas privadas de la libertad.

“No es lo más frecuente que a una persona privada de la libertad le den una orden de captura. Parece ilógico y falto de sentido común, pero son las realidades que se viven en este proceso”, añadió.

También respondió ante los señalamientos del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y el candidato presidencial Roy Barreras, quienes señalaron que las suspensiones de estas órdenes de captura tendrían intereses políticos, en favor del candidato del gobierno

“Que muestren las pruebas de cuáles son las acciones de proselitismo político”, exigió la senadora, al asegurar que gracias a la paz total se pudo realizar con tranquilidad las pasadas elecciones legislativas y “los mapas de la MOE no se cumplieron”.

En el comunicado conjunto entre el Gobierno y los jefes de las bandas urbanas de Medellín y el Valle de Aburrá, como el caso de Carlos Pesebre, quien reapareció en la mesa de diálogo, plantearon una hoja de ruta basada principalmente en el desescalamiento de la violencia, la reparación de víctimas, transformación de los territorios y sustitución de economías ilegales.

En la rueda de prensa señalaron que el proceso “avanza de manera firme, sostenida y responsable” y que se encuentra en una etapa avanzada tras más de 3 años de trabajo.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .