La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos saludó la segunda condena proferida por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) contra 12 ex integrantes del Ejército, por su responsabilidad en los crímenes de guerra y de lesa humanidad relacionados con el asesinato y desaparición forzada de 135 personas en los departamentos del Cesar y La Guajira, presentadas ilegítimamente como bajas en combate, entre enero de 2002 y julio de 2005.

El organismo internacional aseguró que esta sentencia, correspondiente al sub-caso Costa Caribe del Batallón de Artillería No. 2 "La Popa", contribuye a superar posturas negacionistas sobre graves violaciones de derechos humanos, las cuales revictimizan a las víctimas y provocan más dolor en sus vidas.

La ONU, que verificó muchos de estos casos desde el año 2002, ratificó su compromiso para continuar acompañando a los familiares y a la JEP en la búsqueda de verdad, justicia y reparación.

Scott Campbell, representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU, destacó la importancia de la decisión judicial. "La articulación y la incorporación de los saberes propios y el diálogo con los sistemas propios de justicia étnicos en el marco de la justicia transicional resultan esenciales para la dignificación y restauración de sus derechos", dijo.

Campbell añadió que muchas víctimas enfrentaron abusos y estigmatización en su persistente lucha por restaurar el buen nombre y la honra de sus seres queridos.

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Una sentencia basada en "pruebas irrefutables"

Durante la lectura del fallo este jueves, el presidente de la JEP, el magistrado Alejandro Ramelli, explicó que la decisión se fundamenta en "pruebas irrefutables, con toneladas de folios, de declaraciones, de testimonio", además de las confesiones que los comparecientes rindieron libremente ante la jurisdicción.

Ramelli fue enfático al señalar que ningún compareciente fue obligado a declararse culpable o a aceptar delitos que no cometió y que quienes reclamaron su inocencia continúan su proceso hacia un juicio oral con todas las garantías. "Los comparecientes de la Fuerza Pública siempre recibieron un trato digno por nuestra parte", manifestó.

El magistrado aseguró que el proceso dialógico de la JEP desnudó las conciencias de los responsables, relatando cómo algunos ex militares que inicialmente negaron los hechos confesaron tras conocer a las víctimas y el daño que causaron.

Según Ramelli, admitieron el peso de sus culpas, las noches sin dormir y haber recibido medallas y premios "manchados con sangre". "No podemos caer en la tentación del negacionismo histórico. Esos crímenes internacionales sí existieron y quebrantaron los valores más sagrados de nuestra democracia", afirmó.

Sanciones de 5 a 8 años 

La JEP impuso sanciones propias diferenciadas que van desde los cinco hasta los ocho años a cinco oficiales, cuatro suboficiales y tres soldados profesionales en retiro. Las penas más altas, de ocho años, recayeron sobre el mayor (r) Guillermo Gutiérrez Riveros, el subteniente (r) Eduart Gustavo Álvarez Mejía y el sargento primero (r) Manuel Valentín Padilla Espitia.

La investigación judicial documentó la existencia de dos patrones macrocriminales. El primero consistió en asesinatos cometidos en alianza con frentes del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), y el segundo se basó en el asesinato de personas en situación de vulnerabilidad que eran engañadas o capturadas arbitrariamente.

La sentencia reconoció la victimización individual y colectiva que sufrieron de manera desproporcionada los pueblos indígenas Wiwa y Kankuamo, así como los consejos comunitarios afrodescendientes Kusuto MaGende y José Prudencio Padilla.

Como parte de la sanción, los 12 ex militares deberán participar en seis proyectos restaurativos, diseñados con las víctimas, que incluyen la construcción de un mausoleo de la memoria en Valledupar, el levantamiento del centro de armonización para el buen vivir del Pueblo Kankuamo y el Centro Integral Cultural y de Memoria OMONAPA del Pueblo Wiwa.

El llamado a la implementación 

La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos reiteró el llamado del Alto Comisionado Volker Türk al Gobierno de Colombia para que se fortalezca la implementación del Acuerdo de Paz de 2016. El organismo pidió que se tomen todas las medidas necesarias en materia legal, presupuestal y de seguridad que garanticen la efectiva ejecución de la sanción para reparar a las víctimas y ofrecer seguridad jurídica a los responsables.

Esta petición cobra especial relevancia ante el actual incremento de la violencia en la región de la Sierra Nevada de Santa Marta, que afecta gravemente a los pueblos indígenas y a las comunidades afrodescendientes y campesinas, quienes demandan redoblar los esfuerzos institucionales para garantizar sus derechos y la no repetición de los crímenes.

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