"Nos quieren ahorcar", aseguró este jueves el presidente, Gustavo Petro, respecto de la decisión de la Corte Constitucional que declaró inexequible la Emergencia Económica, Social y Ecológica decretada a finales del año pasado por su administración.

"Estas instituciones deciden más o menos con el mismo argumento de decir no más ingresos al Gobierno, nos quieren ahorcar", afirmó el mandatario, durante su intervención en la conmemoración del Día de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas, en Quibdó (Chocó).

Petro sostuvo que el presunto bloqueo institucional obedece a razones políticas, dado que "somos un Gobierno diferente", al suponer que igual hubiera ocurrido en un eventual gobierno de Jorge Eliécer Gaitán, de no haber sido asesinado.

"¿Por qué? Porque somos un Gobierno diferente como lo hubiera sido el de Jorge Eliécer Gaitán, ahora hay más vigilancia entonces no nos pasa por ahora lo mismo de Jorge Eliécer Gaitán, pero más de uno quisiera", aseguró.

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El mandatario afirmó que instituciones como el Congreso, la Junta del Banco de la República y la Corte Constitucional son órganos donde su administración no tiene mayorías y sus integrantes —según su visión— representan los intereses de sectores económicos poderosos que solo quieren llenarse los bolsillos con el erario público y de paso eludir el pago de impuestos.

"El debate público tiene que abrirse, la sentencia de hoy de la Corte Constitucional tumbando la emergencia económica es contraria a esta sentencia de la Corte Constitucional que obligaba al Estado a indemnizar a las víctimas", cuestionó.

Petro le pidió a su ministro de Hacienda, Germán Ávila, que ante las decisiones económicas tomadas por diferentes órganos de Estado la respuesta del Gobierno debe ser la de recortar y aplazar todos aquellos pagos que no sean de inversión social y citó como ejemplo la construcción de carreteras como las autopistas 5G.

La Sala Plena de la Corte Constitucional declaró inexequible el Decreto Legislativo 1390 del 22 de diciembre de 2025, con el que el Presidente había declarado el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional, según la Sentencia C-075 de 2026, con ponencia del magistrado Carlos Camargo.

La Corte concluyó que los hechos invocados por el Ejecutivo no cumplieron los requisitos constitucionales de imprevisibilidad y excepcionalidad, y que invocar el archivo de dos proyectos de ley de financiamiento en el Congreso como justificación "equivale a vaciar de contenido la competencia legítima de este órgano constitucional".

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