Un pañuelo de veinte metros, muestras culturales, tambores y mucho color verde simbolizaronel 21 de febrero el tejido que por dos años se ha construido simbólica, política y jurídicamente alrededor de la Sentencia C-055, que el 21 de febrero de 2022 determinó que el Estado colombiano conociera otra óptica para abordar la interrupción voluntaria del embarazo.

Desde hace dos años, el aborto en Colombia está despenalizado hasta la vigésimo cuarta semana de gestación. Se trató, en su momento, de un paso jurídico gigantesco que fue celebrado por decenas de mujeres a las afueras de la Corte Constitucional, el tribunal que decidió superar los propios planteamientos que había emitido desde 2006.

Con dos aniversarios a cuestas, la llamada sentencia Causa Justa, por el movimiento cuya demanda permitió el pronunciamiento de la Corte, ha generado varios cambios importantes a nivel normativo, como resalta la abogada Cristina Rosero Arteaga, del Centro de Derechos Reproductivos, además de un relevante protagonismo del país a nivel internacional.

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“Colombia se considera en estos momentos uno de los países con una protección más reforzada de los derechos reproductivos, precisamente porque esa regulación establece uno de los modelos más liberales para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo en el mundo, no solo en la región”, asegura experta, que hace parte del colectivo Causa Justa.

En la normativa interna, Rosero remarca la Resolución 051 de 2023 del Ministerio de Salud. En ella, el órgano gubernamental establece algunas pautas para que las entidades prestadoras de salud disminuyan los obstáculos para el acceso a abortos. El documento regula desde la verificación de que la mujer no esté recibiendo coerción hasta los medicamentos que se le pueden entregar.

La Corte Constitucional le había ordenado al Ministerio expedir una reglamentación unificada desde 2018. Ante la falta de respuesta de esa entidad y del Congreso —que tiene la última palabra frente a cómo el ordenamiento jurídico debe tratar al aborto—, la Corte reiteró el mandato a través de un “exhorto” en 2022. El Ministerio sacó su resolución y luego lo hizo la Fiscalía General de la Nación.

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En octubre del año pasado, la Fiscalía publicó una directiva que ajusta las pautas de la investigación penal frente al delito de aborto. "La Corte Constitucional, en sede de control de constitucionalidad, concluyó que la prohibición total del aborto contenida en el artículo 122 del Código Penal anula los derechos de las mujeres y resulta desproporcionada”, se lee en la norma.

La Directiva 009 de 2023 remacha con que “si la conducta de abortar se realizó antes de la vigésimo cuarta (24) semana de gestación, esta será atípica”, lo que quiere decir que no constituye un delito, como lo subrayó la Corte Constitucional. “Ya normativamente tenemos un refuerzo de ese precedente que se sienta en febrero de 2022”, dice la abogada Rosero.

“En cuanto a cómo se ha dado en la realidad, hay que decirlo: tener una sentencia no significa que al día siguiente todo se cumpla a cabalidad. Nos va a tomar un tiempo tener una implementación completa”, analiza la jurista, al tiempo que indica que uno de los principales resultados hasta ahora es que más personas acuden a organizaciones a averiguar sobre el procedimiento.

Los datos de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, una de las organizaciones pioneras de Causa Justa, corroboran que ha habido un aumento del 30% en las asesorías y acompañamientos legales para acceder a la interrupción. La Mesa evidenció, además, un aumento en el número de mujeres que consultaron antes de la semana catorce de gestación: del 33% al 53%.

En contraste, el número de mujeres que consultó luego de su semana quince cayó luego de la sentencia, pasando de un 54% a un 34%. Sin embargo, las barreras se manifiestan con mayor intensidad en las mujeres vulnerables, como las habitantes de zonas periféricas del país o las migrantes venezolanas.

Según la Fundación Oriéntame, una de las principales prestadoras de servicios de salud sexual y reproductiva del país, entre febrero de 2022 y septiembre de 2023 el 6% de las mujeres colombianas que accedieron a un aborto lo logró antes de la doceava semana de embarazo, lo que discuerda con el porcentaje de mujeres extranjeras, que es un 14%. El 80% de ellas, venezolanas.

Laura Castro González, coordinadora de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, identifica que existen al menos tres tipos de barreras para que las personas gestantes accedan eficazmente a un aborto. El primero es “el desconocimiento del marco legal vigente”, que ocurre cuando una mujer no sabe que puede acceder a un aborto o cuando un profesional de la salud decide no aplicarlo.

El segundo es “la interpretación restrictiva de ese marco legal vigente”, que llega cuando se hace “un uso indebido” de la objeción de conciencia o cuando no se entrega un diagnóstico certero sobre el estado del embarazo. El tercero es un conjunto de “tratos crueles, inhumanos y degradantes” al momento en que una persona busca tener una interrupción de su gestación.

La eliminación de tales obstáculos pasa por la pedagogía. Castro asevera que en la enseñanza sobre la regulación actual del aborto en Colombia hay varios desafíos. “No para todo el mundo es sencillo entender por qué la Corte Constitucional decidió eliminar el delito hasta la semana veinticuatro, qué es eso de las causales, cuáles son los requisitos de acceso”, explica.

“Creo que, en parte, toda esta discusión hubiese sido más sencilla si la Corte hubiese decidido eliminar el delito de aborto y dejar la regulación, como debe ocurrir en cualquier otro servicio de salud, en el escenario de lo sanitario, es decir, en el Ministerio de Salud”, añade la politóloga, quien es también integrante de Causa Justa.

Castro agrega que en el país existe dificultad para comprender el concepto de autonomía reproductiva, “entender que las mujeres tenemos uso de la libertad de conciencia cuando decidimos sobre nuestros cuerpos, que tomamos decisiones responsables y que nuestra autonomía no debe estar condicionada a presión o abuso de una fuerza indebida”.

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La feminista aprovechó para recordar el eslogan que ha propuesto históricamente la ola que lucha por la libertad para abortar: “educación sexual integral para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal y seguro para no morir”. La aspiración del colectivo Causa Justa, como complementa Cristina Rosero, es la eliminación total del aborto del Código Penal.

“Por supuesto, ese va a ser el norte que nos va a seguir llevando a los objetivos con los que en este tiempo estamos trabajando para la implementación (de la sentencia). Creo que es muy importante traer a colación los ejemplos de algunos países que han hecho este paso, como Canadá, que mediante una sentencia judicial eliminó completamente el delito”, sostuvo.

En Canadá, en algunos estados de Estados Unidos y en Australia, donde se ha eliminado completamente el delito, “hay una mayor confianza de las mujeres y de las personas con capacidades de acceder a los servicios de salud reproductiva”, debido a que “no existe una amenaza penal ni sobre los prestadores de servicios ni sobre las personas que necesitan”.

“Esperamos que, con el tiempo, y con más conciencia sobre la protección de los derechos reproductivos, lleguemos al escenario en donde el derecho penal no se involucre en la regulación”, expuso la jurista, que repasó que en varios países hubo una transición entre la gradualidad de la regulación por semanas o causales, como Colombia, y la despenalización total.

Mientras tanto, el movimiento Causa Justa y las personas interesadas en el tema trabajarán en lo que Laura Castro llama “despenalización social del aborto”, que consiste en “la creación de entornos de legitimidad donde ninguna decisión que una mujer, persona trans o no binaria tome sobre su cuerpo, proyecto de vida o maternidad sea susceptible de ser juzgada o discriminada”.

La labor del colectivo ha pasado por denunciar irregularidades en los referendos ‘provida’ que quisieron presentarse entre 2022 y 2023 para tumbar la Sentencia C-055, que se cayeron en la Registraduría por no cumplir un número de firmas suficiente, y pedir anular dos sentencias de tutela problemáticas porque la Corte se contradecía a sí misma al resolver que el aborto no es un derecho.

El Tribunal Constitucional, por su parte, ha decidido reafirmar que la interrupción voluntaria del embarazo es un derecho fundamental. El Congreso es el órgano que sigue ausente; uno de los argumentos en la demanda de Causa Justa fue que al Legislativo han llegado más de treinta proyectos de ley sobre el tema que no han pasado siquiera del primer debate.

“No tenemos una certeza sobre cómo va a conformarse eventualmente el Congreso para darnos el espacio para tener esta conversación con un enfoque de derechos humanos. Lo que sí está claro es que la Corte exhortó que hubiese una política mucho más integral, que haya toda una gama de servicios de salud reproductiva que haga que las personas tomen estas decisiones con libertad y tranquilidad”, concluyó Rosero.

Y agregó: “el Congreso tiene una obligación, y es de mantener una regulación que no puede ir en contra de los derechos reproductivos ni contrariar lo que la Corte Constitucional ya estableció como un precedente constitucional. Podríamos tener muchas incertidumbres, pero lo que sí sabemos es que no hay espacio para los retrocesos”.

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