Los señalamientos de la excongresista Aída Merlano por posible corrupción electoral que esta semana sacudieron la campaña de Alejandro Char, habrían salpicado de lleno al presidente Iván Duque y a sus últimos dos antecesores en la Casa de Nariño.
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En un documento de 13 páginas la Corte Suprema les compulsó copias a la Fiscalía y a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara para que verifiquen si Duque, Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe Vélez financiaron de manera irregular sus aspiraciones a la Presidencia.
Escenarios que en anteriores ocasiones – aisladas al caso–, los tres han negado rotundamente, manifestando que sus triunfos políticos fueron completamente limpios, y que así los prueban las entidades encargadas de vigilarlos.
Sin embargo, sus nombres aparecen en la versión que Merlano entregó ante la Sala de Instrucción del alto tribunal. Según ella, ellos habrían recibido dinero “por debajo de la mesa” proveniente de la Casa Char y de la familia Gerlein, para así sacar ventaja ilegalmente en las contiendas electorales.
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Tales maniobras, no obstante, no las habrían cometido solo ellos. En este huracán, con sus declaraciones Merlano también se llevó por delante a otras 16 personas que ya están plenamente identificadas por la Corte, y que también pasan a ser investigadas por la Fiscalía y por la Comisión de Acusación.
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En efecto, entre los señalados con amplio trasegar político están Óscar Iván Zuluaga, precandidato a la Presidencia por el Centro Democrático; el exfiscal general Néstor Humberto Martínez, y el expresidente Germán Vargas Lleras.
Para Merlano es claro que ellos hicieron parte de movidas políticas que alteraron ilegalmente pasadas elecciones, y que incluso terminaron llevándola a estar condenada a 11 años y 4 meses por corrupción electoral en el Atlántico.
En ese departamento fue en el que la prófuga de la justicia se benefició de un fortín político que hoy tiene contra las cuerdas a varios miembros de la familia Char.
Primeras reacciones
Zuluaga fue el primero en salir a rechazar tajantemente las acusaciones de Merlano, desmintiendo injerencias de los Char y los Gerlein en su campaña de 2014 a la Presidencia.
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En esa misma línea se fue su copartidario Uribe, quien compartió –de nuevo– un comunicado del año 2020 sobre la excongresista. En él recalca que sus campañas han sido financiadas transparentemente, y que tales acusaciones, dice, obedecen a manipulaciones del presidente Nicolás Maduro.
Esas fueron las dos únicas reacciones hasta el momento que se han conocido frente al testimonio de Aída Merlano.
La mención a Uribe y Santos
A pesar de las fuertes diferencias que tienen y de estar en orillas políticas distintas, tanto Álvaro Uribe como Juan Manuel Santos habrían incurrido –según Merlano– en la misma fórmula ilegal a la hora de financiar sus aspiraciones electorales.
Al menos así lo describe el documento que la Corte construyó tras las declaraciones de Merlano. En uno de sus 28 puntos, estos dos nombres aparecen mencionados junto a los de Iván Duque y Óscar I. Zuluaga, a quienes se les abre paso a una línea investigativa en Cámara y Fiscalía que, en el caso del actual mandatario, tiene más por establecer.
Otro señalamiento a Duque
En otro de los apartes, Duque aparece salpicado con el exfiscal Martínez en un presunto “montaje judicial” del que habría sido víctima la excongresista. De acuerdo a ella, ambos se involucraron en el proceso que la terminó condenando por compra de votos en la Costa Caribe.
Es precisamente por ese tema por el que en los últimos días prendió el ventilador; concretamente en un caso que tiene origen en la indagación preliminar que se lleva contra el senador Arturo Char. Aunque durante cinco horas él explicó en la Corte que no tiene nada que ver con financiación ilegal y con la fuga de su coterránea Merlano, ella dice lo contrario.
De hecho, en el documento revisado por este diario se mencionan los nombres de Raúl Cadena, Diego Muñetón y Teodoro Antonio De Yongh, abogados que habrían sido enviados por los Char y por Julio Gerlein para negociar con la exsenadora.
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La propuesta sería sencilla: dinero y ayuda jurídica a cambio de su silencio por lo que sabría de Arturo Char. Esta, sin embargo, habría tenido amenazas de por medio, las cuales narró Merlano ante el magistrado Francisco Farfán esta semana; en 2019 –por este caso– ella prefirió guardar silencio.
A la par de que la exsenadora continúe sustentando sus afirmaciones con material probatorio ante la justicia, por los señalamientos al presidente Duque y al exfiscal Martínez, es la Comisión de Acusación la competente para investigarlos. Mientras que en el caso de Uribe, Santos, Zuluaga y los Char, la compulsa de copias la recibirá la Fiscalía General de la Nación.
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