La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) denunció este martes también ser objeto de presunto espionaje ilegal contra varios de sus magistrados, hechos que ya puso en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación y de las autoridades competentes.

El Tribunal de paz le pidió a la Fiscalía "investigar los hechos y sancionar a los responsables" y que este caso se sume a las denuncias hechas en el mismo sentido por parte de la Corte Constitucional, que también reveló de presuntos seguimientos a uno de sus magistrados.

En carta enviada a la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, la JEP manifestó que “no puede dejar de expresar su preocupación”, ya que, de comprobarse esta situación, se afectaría la independencia y autonomía de esa jurisdicción.

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Asimismo, explicó que “se configuraría una grave contradicción de los principios democráticos que soportan el Estado Social y Democrático de Derecho adoptado por Colombia; así como una clara amenaza a la seguridad de los magistrados y magistradas” de la JEP.

El documento recuerda que en 2023 varios magistrados de la JEP fueron objeto de amenazas contra su vida por las investigaciones que realizaban.

“La gravedad de los hechos impone que se realice una verificación de las causas que los motivaron, así como para determinar a los responsables”, dijo un aparte de la misiva.

Precisamente, este martes el presidente, Gustavo Petro, se refirió a las denuncias sobre las supuestas interceptaciones ilegales realizadas desde organismos del Estado que fueron denunciadas por el magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibañez.

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Petro rechazó que se hubiera ordenado y ejecutado por parte de oficinas gubernamentales algún tipo de espionaje, al asegurar que su Gobierno "no intercepta comunicaciones. Ha sido prohibida esta práctica explícitamente por el Presidente de la República".

En su mensaje reconoció que la inteligencia del Estado "solo investiga grandes criminales y hemos tenido éxito en esa inteligencia".

El mandatario deslizó que sectores de la derecha serían los responsables de las presuntas chuzadas que denunció el magistrado Ibañez y cuyo propósito sería debilitar las relaciones del Ejecutivo con la Rama Judicial.

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