La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ya está acostumbrada a las críticas. Desde su creación, ha sido objeto de ataques de distintos sectores que consideran que el trato a los miembros de las antiguas Farc es blando o que las sanciones tardan demasiado en llegar.

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Pero esta vez el Gobierno y quienes firmaron el Acuerdo por parte de la guerrilla son quienes han coincidido en sus críticas y planteado la posibilidad de crear un "tribunal de cierre" que eventualmente pondría en entredicho el carácter definitivo que tienen las decisiones de la Jurisdicción.

Haciendo a un lado su toga, en entrevista con Colprensa el magistrado Roberto Vidal, presidente de la JEP, habla de esos ataques, de cuándo se espera que lleguen las primeras sanciones y sobre la importancia del sistema transicional.

*La JEP ha avanzado en sus siete años de existencia, pero, al ser un ente judicial, se siente como si hicieran falta sanciones o sentencias. Usted se ha mostrado optimista frente a que este año podrían salir las primeras, pero estamos en mayo, ¿qué tan cerca está la Jurisdicción de ese punto?*

A las sanciones ya llegamos. La ley y el Acuerdo de Paz le permiten a la Jurisdicción encontrar un mecanismo en que las personas de manera anticipada puedan trabajar en lo que serán sus sanciones, y este año hemos lanzado los tres primeros proyectos en los que ya tenemos comparecientes trabajando: uno, aquí en Bogotá, de reconstrucción ambiental; uno de desminado y educación en riesgo de minas en Antioquia, y una construcción de una casa de la memoria en Nariño.

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Ya empezamos en eso. Estamos pendientes es en las sentencias, de las que en los próximos meses van a salir las primeras dos. Eso demuestra un avance muy grande en los procesos que traemos, porque hemos, simultáneamente, desarrollado once macrocasos. En la medida en que terminen las investigaciones y los juicios, se producirán sentencias de forma más rápida y frecuente.

¿Ese avance reafirma el carácter de tribunal de cierre que tiene la Jurisdicción?

Sí, claro. Hemos dicho que, como el término “tribunal de cierre” se ha usado en tantos contextos, se produce cierta confusión. “Tribunal de cierre”, una autoridad de cierre judicial, significa que tiene la capacidad de resolver en última instancia un problema y puede decir “esto se soluciona así y no hay más preguntas”.

Normalmente, en todo tribunal hay una decisión de primera instancia y una garantía de que una segunda autoridad lo puede revisar. Esa segunda emite una decisión de cierre. ¿Por qué eso es tan importante en la Jurisdicción? Porque una de sus funciones es garantizar los derechos de las víctimas, esa es nuestra función principal, y una segunda, derivada de esa, es solucionar los problemas jurídicos de los comparecientes, o sea, toda esa gente que tiene deudas con la justicia.

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La función de la JEP es decir “usted saldó sus deudas con la justicia en lo relacionado con el conflicto armado”. ¿A quiénes les podemos hacer eso? A los miembros de las antiguas Farc, a los miembros de la Fuerza Pública y a los funcionarios y terceros que recibimos. Esas personas tienen una expectativa y nosotros vamos a resolverlas definitivamente.

El presidente Gustavo Petro ha lanzado críticas sobre ello. Usted plantea muy bien una respuesta, digamos, desde la teoría jurídica, pero lo que afirma el presidente es más algo filosófico, pues se refiere a la verdad que llega a instancias jurídicas, que “se fragmenta”. ¿La JEP garantiza que la verdad no se trocee?

La del presidente es una preocupación legítima que han manifestado muchos investigadores que abordaron temas del conflicto. Un ejemplo típico, uno de los casos más importantes del país, es el de La Rochela, una masacre de siete funcionarios judiciales. Uno de sus problemas fue que cada víctima fue investigada por un juez diferente en una ciudad diferente, entonces, nunca, hasta que llegó la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, pudieron integrar toda la escena del crimen, porque cada juez tenía un pedacito en casos completamente separados.

Eso ha pasado y, desgraciadamente, sigue pasando en la investigación judicial. El desafío para la verdad del conflicto es romper esa fragmentación, que ha sido, como bien lo dice el presidente, una de las causas de la impunidad. Y es que nunca se puede investigar completamente el tema, porque todas las verdades están cortadas en infinitos pedacitos, y el asunto es cómo las podemos integrar.

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La integración no es fácil de hacer; no se puede hacer de una vez. Lo que hemos hecho son intentos de integración cada vez mayores. Nuestros aportes a la verdad han logrado pegar cuestiones de verdades que estaban muy separadas, entre otras cosas, porque nosotros no investigamos hecho a hecho, como les toca a jueces penales, sino que investigamos patrones, macrocasos.

O sea, yo siento que estamos en el mismo canal. Pero él tiene una idea más ambiciosa, y es que se puedan integrar todavía más verdades, como las que se investigaron sobre paramilitares con las que nosotros tenemos de guerrilla y de Fuerza Pública. En uno de nuestros casos lo estamos intentando. Nuestro trabajo es integrar para cada vez más entender qué fue lo que pasó en el conflicto.

Usted indica que la JEP resuelve la situación jurídica de sus comparecientes. Ese fue un aspecto que generó molestia en exintegrantes de las antiguas Farc porque no se les habían comunicado formalmente sus amnistías, lo que trajo desde 2017 años de incertidumbre. ¿Qué ocurrió?

Los miembros de Comunes nos pusieron de presente la preocupación que tenían porque la información de sus amnistías de alguna manera estuvo refundida. Eso causaba enormes perjuicios para las personas firmantes del Acuerdo, particularmente porque, como esa información no estaba disponible, cuando salían de los sitios donde estaban concentradas la Fuerza Pública inmediatamente las detenía. Ellas decían “pero es que hago parte de un Proceso de Paz, soy firmante”, y les respondían “aquí no consta que usted tenga una amnistía”.

Nos tomamos muy en serio esa petición e hicimos una investigación de la mano de Naciones Unidas. Pudimos reconstruir esos archivos, reconstruir las investigaciones de la jurisdicción ordinaria, que fueron como 1.500, y sumarlas a las nuestras, haciendo una base de datos. Hoy sabemos la situación jurídica de cada firmante y podemos emitir todos los días unos cincuenta certificados, enviados a los organismos de seguridad del Estado, para que a esas personas les hagan valer la amnistía y puedan trabajar libremente.

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Eso los liberó de una cantidad de restricciones. Creo que es uno de los trabajos más interesantes que hemos hecho, y es una contribución muy concreta al desarrollo del Acuerdo.

Pero eran amnistías que se incluían en decretos...

La información era muy delicada. Eran decretos que no tenían órdenes de ‘publíquese’. Entonces, se refundieron en archivos. No estaban publicados, y no tenían por qué publicarse, pero estaban en un archivo, y el archivo tuvo un problema y desapareció. Pasamos un año entero, con diez personas, buscando esos decretos hasta que aparecieron.

Las amnistías no fueron el único reclamo. El último secretariado de las extintas Farc ha expresado este año públicamente sus reparos a la JEP y sus decisiones. ¿Cómo es la relación entre la JEP y ellos?

Se parece a las relaciones de las familias, que son tan agridulces que nos queremos pero tenemos conflictos. Estamos trabajando para facilitar los procesos de los comparecientes y que puedan transitar hacia la paz... (pero) somos sus jueces por graves crímenes.

Somos los encargados de conferirles las amnistías para facilitar su reintegración; somos los que en el Estado hemos asumido la responsabilidad de buscar que les den garantías de seguridad; terminamos siendo las personas que atendemos todas sus quejas y reclamos.

Sabemos que muchos de esos reclamos son legítimos, los atendemos, tratamos de subsanarlos, pero al mismo tiempo tenemos que hacer nuestros juicios, y en nuestros juicios somos un juez serio, complejo e implacable.

A veces la gente ve dimensiones conflictivas en la relación con Comunes, pero creo que ha sido una de mucho respeto mutuo y de un ejercicio de nuestra acción judicial como debe ser. Hemos atendido con mucho cuidado las necesidades que tienen.

Las críticas del antiguo secretariado se han concentrado en el término “descarrilamiento” de la JEP. Ustedes no solo escuchan a esa cúpula, sino a excombatientes de mucho menor rango. ¿Sienten que esa idea existe en otras personas en proceso de reincorporación?

La idea del “descarrilamiento” no nos gustó. Algunos funcionarios apelaron a ella sin siquiera justificarla bien. Una calificación de ese tipo es, más bien, desobligante. Nosotros hemos hecho esfuerzos muy grandes por mantener, digamos, la cohesión alrededor del cumplimiento del Acuerdo, y eso el país lo reconoce.

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La institución, junto a otras sumamente importantes, más importante en la garantía de sostener el Acuerdo es la Jurisdicción. No solo porque adelantamos nuestros juicios, sino porque hay mucha actividad destinada a garantizar el cumplimiento de los acuerdos, (como) medidas cautelares, llamados a rendir cuentas a autoridades públicas, acompañamiento a víctimas, acompañamiento a comparecientes. Todo eso ha hecho posible que el Acuerdo, en medio de tormentas muy grandes, se mantenga.

Las víctimas son un eje importante en el Acuerdo y en la JEP. La semana pasada, algunas organizaciones de víctimas reprochaban la ausencia de un macrocaso sobre desaparición forzada. ¿Debería abrirse un caso autónomo para ese crimen?

La jurisdicción no investiga hecho a hecho, sino que usa la herramienta de los macrocasos, que significan una de las decisiones más difíciles que toca tomar, porque es qué se investiga y qué no.

El proceso de apertura de macrocasos terminó hace dos años, cuando decidimos que iban a investigarse once que ya están definidos. No hay más casos, no hay ningún proceso de apertura.

No tenemos la capacidad de investigar más allá de los once macrocasos. Entonces, esta decisión de si podemos abrir uno futuro especializado en desaparición forzada es, sencillamente, imposible.

Pero no significa que seamos indiferentes en un tema que es tan grueso. No abrimos un macrocaso específico de desaparición forzada, porque todos los macrocasos tienen desaparición forzada. En todos la investigamos, porque pasó en todo el país. Y hemos tomado distintas acciones, como medidas cautelares que nos han llevado a la búsqueda y al hallazgo de muchas personas.

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