La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) condenó este jueves a doce exmilitares a sanciones restaurativas de entre cinco y ocho años, tras reconocerlos como máximos responsables de 135 asesinatos cometidos entre 2002 y 2005 en Cesar y La Guajira, en el marco del conflicto armado.

“Dada la gravedad de los crímenes y el papel que desempeñaron, todos deben cumplir la sanción propia máxima de ocho años, con descuentos proporcionales al tiempo ya cumplido en la justicia ordinaria”, explicó la magistrada Ana Manuela Ochoa Arias al leer la sentencia.

¿Quiénes son los condenados por la JEP y qué sanciones deberán cumplir?

Los sancionados pertenecían al Batallón La Popa: los mayores Guillermo Gutiérrez Riveros y Heber Hernán Gómez; los subtenientes Carlos Andrés Lora, Eduart Álvarez Mejía y Elkin Burgos Suárez; los sargentos Efraín Andrade Perea, Manuel Padilla Espitia y José de Jesús Rueda; el cabo Elkin Rojas, y los soldados Yeris Andrés Gómez, Alex José Mercado y Juan Carlos Soto.

Aunque la sanción máxima fijada fue de ocho años, la JEP aplicó rebajas a quienes ya habían cumplido condenas previas o estuvieron bajo medidas de aseguramiento.

Los exmilitares deberán participar en seis proyectos restaurativos que incluyen la construcción de memoriales, apoyo a centros culturales, obras de infraestructura comunitaria y adecuación de espacios productivos, en coordinación con comunidades indígenas y afrodescendientes. 

El perfil de las víctimas

Las víctimas directas fueron 135 personas asesinadas y desaparecidas, además de 192 víctimas indirectas. La mayoría eran jóvenes de 18 a 34 años que trabajaban en el campo o en el sector informal.

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“Su selección respondió a su vulnerabilidad económica, a la falta de empleo y a su condición de campesinos, indígenas o afrodescendientes, lo que refleja factores de discriminación histórica”, detalló la magistrada Ochoa, quien leyó los nombres de las víctimas durante la audiencia.

Qué fueron los falsos positivos y cómo operaba el patrón criminal

Los llamados ‘falsos positivos’ fueron ejecuciones extrajudiciales en las que civiles eran engañados, asesinados y reportados como bajas en combate. A cambio, los militares recibían condecoraciones o beneficios. 

“Estos hechos no fueron aislados ni atribuibles a conductas individuales, sino parte de una práctica sistemática y generalizada, orientada a inflar reportes operacionales y encubrir crímenes internacionales”, enfatizó Ochoa.

La investigación hace parte del macrocaso 03 de la JEP, abierto en 2021, que identificó al menos 6.402 ejecuciones ilegítimas en Colombia entre 2002 y 2008. El subcaso Costa Caribe se centra en los crímenes cometidos en Cesar y La Guajira.

“No al negacionismo histórico”: la advertencia de la JEP

El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, señaló que estos hechos constituyen “un entramado criminal que convirtió vidas inocentes en cifras frías”.

“Ninguna sociedad puede tolerar, justificar ni negar estos crímenes internacionales. No podemos caer en el negacionismo histórico. Sí existieron y quebrantaron los valores más sagrados de nuestra democracia”, dijo.

Ramelli concluyó que esta sentencia es la segunda en aplicar el modelo de justicia restaurativa en Colombia, tras la condena a siete exjefes de las Farc, incluida la de Rodrigo Londoño, emitida el pasado martes.

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