La representante del Alto Comisionado de la ONU en Colombia, Juliette de Rivero, presentó el informe de la situación de derechos humanos en el país en lo que va del año que dejó un sabor agridulce por la reducción en homicidios de defensores de derechos humanos y desplazamientos, pero una creciente expansión de los grupos armados por todo el país.

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"Esta presentación celebra el enfoque de derechos humanos de este Gobierno”, destacó la funcionaria, al añadir que la adopción de una nueva política de seguridad, que partió de un diagnóstico realista y de entender que esta no depende únicamente de las Fuerzas Militares, sino que concierne a toda la sociedad, ha permitido proteger la vida.

Resaltó también el progreso en la política de drogas con un enfoque no punitivo, el reconocimiento de la población campesina como sujeto de derechos, la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo y la disposición de cada cartera del Estado para trabajar en derechos humanos, entre otras iniciativas.

“Son pasos fundamentales e indispensables para reducir la violencia y su impacto sobre las comunidades”, apuntó.

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Frente a la violencia contra los defensores de derechos humanos, de Rivero hizo hincapié en la disminución del 19% en los homicidios, en comparación al semestre anterior. Además resaltó la reducción de los desplazamientos en un 33%.

“Nos preocupa la expansión de los grupos armados”

“Nos preocupa en particular la continua expansión territorial de grupos armados y las estrategias violentas de control social que utilizan contra la población civil y las organizaciones de base a pesar de los procesos de diálogos”, manifestó de Rivero.

Esta expansión viene acompañada de homicidios, amenazas, reclutamiento, restricciones a la libertad de movimiento y el denominado rendimiento de cuentas que se exige a los líderes de las Juntas de Acción Comunal.

El informe demostró que en estos seis meses hubo un registro de 57 casos de presunto reclutamiento infantil, de los cuales hasta la fecha se han verificado 48 y 9 se encuentran en proceso de verificación.

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“En 25 de los 48 casos las víctimas eran indígenas y en 2 eran afrodescendientes”, puntualizó la funcionaria de la ONU.

El análisis también puso al descubierto un aumentó del 11% en el número de masacres a nivel nacional, con 52 casos reportados en el primer semestre, perpetrada en su mayoría por grupos armados ilegales.

Las recomendaciones de Naciones Unidas 

Desde la ONU se subrayó la necesidad de articular mejor la política de Paz Total con el desmantelamiento y la política de seguridad, así como a las autoridades para fortalecer la presencia integral del Estado.

“Es urgente reforzar el control territorial del Estado y frenar la expansión de los grupos armados no estatales”, advirtió de Rivero.

“Es importante –añadió— que la voluntad de negociar expresada por los grupos armados se demuestre en un cambio concreto. La prioridad para Colombia no es el cese del fuego entre actores armados, es que se respeten los derechos de la población”, concluyó.

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