En medio de las negociaciones que adelanta el Gobierno Nacional con el Comité de Paro se publicó el documento con el que el gobierno responde a las exigencias realizadas por el comité para iniciar el diálogo. La primera en la que se solicitaba al gobierno retirar al ejército y al Esmad del “control de las protestas”, el gobierno indicó que esto implicaría desconocer la Constitución.

Según el gobierno no sólo respeta, sino que garantiza el derecho a la protesta, “desde el 28 de abril, y hasta la fecha se han realizado un total de 7.531 actividades de las cuales el 86% han sido pacíficas, en las cuales la Fuerza Pública ha garantizado el derecho a la protesta. En las que se ha afectado la convivencia ha intervenido las autoridades teniendo en cuenta que las autoridades de la República están instituidas para proteger la vida, honra y bienes de los ciudadanos. La Constitución y la ley le dan al gobierno herramientas para contener graves alteraciones del orden público y restablecerlo cuando fuere turbado, en favor del interés general”.

Además, deja abierta la puerta para el uso de la conmoción interior, pues pese a que acepta que hasta el momento no se ha hecho uso de la figura “no se hará uso de la misma si no es estrictamente necesario y bajo las condiciones que establece el artículo 213 de la Constitución, esto es: en caso de grave perturbación del orden público que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado o la convivencia ciudadana y que no pueda ser conjurada mediante el uso de las atribuciones ordinarias de las autoridades de policía”.

Además, el gobierno indica que las exigencias del comité no se pueden cumplir pues “el Presidente de la República no puede renunciar a las herramientas que la Constitución le otorga para garantizar seguridad a los ciudadanos, porque ello implicaría desconocer la Constitución que juró cumplir y defender cuando asumió su cargo”.

Frente a la solicitud del Comité para que reconozca y condene los abusos de la Fuerza Pública el gobierno indica que “como Comandante de las Fuerzas Armadas el Presidente de la República reitera que no se tolera en un Gobierno Democrático como el Colombiano, ningún abuso por parte de miembros de la Fuerza Pública. En diferentes oportunidades el Señor Presidente de la República ha planteado de manera explícita y contundente su rechazo a los casos de abuso policial y ha solicitado de manera expresa e inmediata a las autoridades competentes que asuman con celeridad las investigaciones necesarias para esclarecer responsabilidades e imponer las sanciones correspondientes a la luz de la normatividad vigente”.

Además, el comité solicitó al presidente adoptar de inmediato medidas específicas para detener la violencia sexual ejercida por la fuerza pública contra las mujeres en el marco de las protestas, ante esto el gobierno sostuvo que “las órdenes a los policías son claras y el respeto a los derechos se encuentra transversal o en todas las actividades policiales, aún tratándose de la integridad y formación sexuales. En noviembre de 2020, fueron además adoptadas sendas resoluciones relativas al fortalecimiento del enfoque de género y el rechazo a la violencia sexual que cuenta con un plan de acción al cual se le hace seguimiento con la Consejería Presidencial para la Mujer”.

Por otro lado, es enfático en señalar que “ninguna actividad se cumple bajo parámetros de violación a la ley. En asuntos de prevención a la violencia sexual, todas las carteras el Gobierno Nacional cuentan desde 2017 con una Política de Género y desde antes con un protocolo de prevención a la violencia sexual, siendo este el primer Gobierno con una mujer como Vicepresidente de la República, con gabinete paritario y con alta participación de la mujer en cargos de nivel directivo”.

Por otro lado y ante la solicitud para que el gobierno establezca un mecanismo expedito para las personas que han sufrido violaciones a sus derechos humanos en el marco de las protestas puedan acceder a la reparación de sus derechos el gobierno indica que ya existe un mecanismo llamado conciliación extrajudicial que adelanta la Procuraduría.

Y agrega, frente a este punto que “explorar cualquier otro mecanismo para acceder a la reparación, diferente al establecido en el actual ordenamiento jurídico, implicaría el trámite de un proyecto de ley ante el Congreso de la República, cuya iniciativa no sería una solución a corto o mediano plazo. Por otra parte, esta reforma representaría un trato desigual frente a otras personas que tengan pretensiones económicas por daños supuestamente padecidos por la fuerza pública por fuera de las actuales protestas sociales y más aún frente a otras pretensiones por temas disimiles”.

El comité, entre otras cosas, también le pidió al Gobierno que la Comisión Nacional de Búsqueda de Desaparecidos activara un mecanismo para buscar a quienes en el marco de las protestas aún continúan sin aparecer. Ante esta solicitud el gobierno indicó que a corte, 17 de mayo de 2021, se localizaron 261 personas que habían sido reportadas como no localizadas. “El 10 de mayo se informó de 227 y a la fecha se localizaron otras 34. Se mantiene activo el mecanismo de búsqueda urgente de 134 casos. A la fecha existe una denuncia formal por el delito de desaparición relacionada con las protestas. Este caso ya cuenta con fiscal delegado y un equipo de investigación”.