El Gobierno nacional avanza en un proyecto de decreto que transformaría el funcionamiento del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), con cambios en los procesos de pago, auditoría de cuentas médicas y reconocimiento de víctimas.

La iniciativa, liderada por el Ministerio de Salud y Protección Social, busca corregir fallas operativas detectadas tras la implementación de tarifas diferenciales, que han generado demoras, duplicidad de revisiones y mayores cargas administrativas.

La propuesta introduce ajustes al Decreto 780 de 2016 y plantea una reorganización del flujo de recursos entre aseguradoras, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), las instituciones prestadoras de salud (IPS) y las entidades territoriales.

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Uno de los puntos centrales es la eliminación de la doble auditoría en las cuentas médicas. Actualmente, los servicios son revisados tanto por las aseguradoras como por la ADRES, lo que ha prolongado los tiempos de pago. Con el nuevo esquema, se implementaría una única auditoría.

“Las compañías aseguradoras y la ADRES deberán adelantar una sola auditoría por estos conceptos, según el caso que corresponda”, señala el proyecto.

El modelo propuesto establece dos rutas. Cuando los costos de atención no superen el límite del SOAT con tarifa diferencial, las clínicas deberán presentar sus reclamaciones directamente ante la aseguradora. En contraste, si los gastos exceden ese tope, la ADRES asumirá la auditoría integral y realizará el pago completo a la IPS.

En estos casos, la entidad estatal se encargará de recuperar posteriormente los recursos que correspondan a las aseguradoras. “La ADRES pagará la totalidad auditada a la IPS y luego recobrará a la aseguradora los valores que estén a su cargo”.

Cambios en auditorías y flujo de pagos del SOAT

El proyecto también contempla la obligatoriedad del uso del sistema SIRAS para el registro de las cuentas médicas. Esta herramienta permitiría hacer seguimiento a cada caso, identificar qué entidad realiza la auditoría y evitar que una misma atención sea tramitada de manera simultánea ante distintas entidades.

Adicionalmente, se asigna un nuevo rol a las secretarías de salud departamentales y distritales, que deberán coordinar la red de servicios para garantizar la atención oportuna de las víctimas, especialmente cuando requieran ser trasladadas entre diferentes instituciones.

En cuanto a la radicación de cuentas, las IPS deberán presentar directamente ante la entidad responsable —aseguradora o ADRES— el formulario de reclamación, la factura y los soportes exigidos según el tipo de evento.

Nuevas reglas para acreditar víctimas y acceder a pagos

El decreto introduce modificaciones en los requisitos para certificar la condición de víctima, especialmente en casos de hechos terroristas. La iniciativa amplía las autoridades facultadas para emitir esta certificación, incluyendo no solo a los alcaldes, sino también a las secretarías de Gobierno, funcionarios delegados o responsables del censo.

Este ajuste también impacta los procesos de indemnización por incapacidad permanente, fallecimiento y gastos funerarios, al flexibilizar los mecanismos de certificación. El objetivo, según el documento, es reducir trabas administrativas que venían retrasando el reconocimiento de derechos.

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En paralelo, se establecen nuevas condiciones para la elaboración del censo de víctimas en eventos catastróficos y terroristas. El proyecto fija un plazo de 30 días para que los alcaldes o los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo consoliden y remitan esta información a la ADRES, incluyendo datos básicos de las personas afectadas y las circunstancias del hecho.

El Ministerio de Salud tendrá 60 días para definir los requisitos técnicos del nuevo modelo, mientras que contará con 30 días adicionales para ajustar la plataforma SIRAS a los cambios propuestos.

Finalmente, el proyecto contempla un régimen de transición: los casos ocurridos antes de la entrada en vigencia del decreto continuarán bajo las reglas actuales. Con estas medidas, el Gobierno busca agilizar los procesos, reducir tiempos de pago y clarificar las responsabilidades dentro del sistema del SOAT.

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