El Ministerio de Justicia, la Fiscalía General de la Nación y la Superintendencia de Notariado y Registro encendieron las alarmas para evitar que los bienes incautados al crimen organizado regresen a manos de los delincuentes por culpa de un trámite burocrático, esto luego de que una decisión provisional del Consejo de Estado abriera la puerta para que los embargos sobre estas propiedades venzan con el paso del tiempo.
Esta situación obligó a las tres entidades a ordenar a notarios y registradores que frenen cualquier intento de recuperar las fortunas ilícitas argumentando que las medidas contra la mafia no tienen fecha de caducidad.
El origen de la controversia fue un reciente fallo del alto tribunal que generó dudas sobre el tiempo que duran las restricciones contra las propiedades de la mafia. Ante el riesgo inminente de que los narcos usaran esta decisión para limpiar el historial de sus bienes en las oficinas de registro, las instituciones respondieron que quitarle las propiedades a los delincuentes es una herramienta que tiene como propósito "garantizar que los bienes adquiridos mediante actividades ilícitas sean declarados a favor del Estado". El bloque estatal aclaró que estas acciones no prescriben y se aplican "sin que el paso del tiempo pueda legitimar su origen irregular".
Para explicar el problema legal de manera sencilla, el Gobierno señaló que si el registro de un embargo se borra de los papeles por el paso de los años, esto "no equivale a la pérdida de vigencia de la medida cautelar decretada judicialmente". En otras palabras, la orden del juez que congela la casa o la finca sigue activa "mientras la autoridad judicial competente no disponga su levantamiento o el proceso no haya concluido mediante sentencia ejecutoriada".
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Además, las entidades advirtieron que si un criminal logra borrar la anotación, el Estado simplemente va a "solicitar nuevamente el registro de la medida ante la Oficina de Registro" para no perder el control de la propiedad.
Frente a la amenaza de perder estos millonarios activos, la Superintendencia de Notariado expidió una instrucción el pasado 13 de febrero de 2026 para establecer "lineamientos claros para los Registradores de Instrumentos Públicos y Notarios del país". En ese documento oficial, la entidad ordenó que cualquier solicitud ciudadana para liberar un bien argumentando que el embargo ya venció, deberá ser comunicada de manera obligatoria y previa a los jueces que llevan los casos.
Por su parte, la Fiscalía reveló que desde noviembre de 2025 adelantó reuniones internas urgentes para proteger los bienes que ya incautó y solicitó "su vinculación como tercero coadyuvante en el proceso judicial en curso ante el Consejo de Estado" para defender en los tribunales el dinero quitado a las redes criminales.
Las tres entidades armaron mesas técnicas de trabajo y anunciaron que preparan acciones legales para demostrar ante la justicia que "el régimen general de caducidad de inscripciones registrales no es aplicable de manera automática a los procesos de extinción de dominio".
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