Las repercusiones por el escándalo que envuelve al Gobierno Nacional, después de las explosivas declaraciones del exembajador de Colombia en Venezuela Armando Benedetti, en medio del debate por lo sucedido con la exjefe de gabinete Laura Sarabia, podrían seguir escalando en la medida que avancen las investigaciones de los organismos de control.
Los audios dados a conocer por la Revista Semana, sobre la conversación entre Benedetti y Sarabia, quienes dejaron el Gobierno Nacional en medio del escándalo, revelan varios hechos que pudieron pasar durante la campaña presidencial del hoy presidente Gustavo Petro, por el presunto ingreso de dineros irregulares desde algunos sectores del país.
Allí Benedetti advierte que podría formar un escándalo si se llegara a saber cómo se habría financiado la campaña de Petro. “En el momento en que yo diga quién dio la plata aquí en la Costa, yo sé que es esa mondada, tú que no sabes un culo de historia, lee cómo empezó el proceso 8.000 y por qué empezó, ahí está la clave de todo lo que te va a pasar”, dijo Benedetti a Sarabia.
En otro audio manifiesta: “Lo que te estoy diciendo, Laura, es que ese tratamiento yo hice 100 reuniones con los 15.000 millones de pesos, unos 3,5 millones de dólares, es más, si no es por mí no ganan las elecciones, qué tal que uno diga quién fue el que puso la plata aquí en la Costa…jum".
El abogado penalista Francisco Bernate dijo que de encontrarse la veracidad en los dicho por Benedetti, hay una serie de delitos que se podrían desprender de las conductas no solo del mandatario colombiano, sino de su gerente de campaña, el actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa.
Bernate explicó, en primer lugar, que se demuestra efectivamente el ingreso de los 15.000 millones de pesos a la campaña, pero estos no se reportaron, se habría inducido al error a la autoridad administrativa, por lo que la persona que firma el reporte habría cometido el delito de fraude procesal, que tiene una pena entre 6 y 12 años de prisión.
Pero si se establece que esos dineros tienen un origen ilícito, ya se estaría frente al delito de financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas, por lo que se sancionaría al gerente de la campaña con prisión de hasta ocho años de cárcel.
Ahora, si los 15.000 millones de pesos ingresaron a la campaña, no se reportaron y con ellos se violaron los topes, pues se somete el delito de violación de tope o límites de gastos en las campañas electorales, que también tiene una pena de 4 a 8 años, explicó Bernate.
Además, el penalista manifestó que, a parte, se establece que son dinero que provienen de un hecho ilícito de una organización criminal, y que efectivamente ingresaron a la campaña, se enfrentarían a un largo proceso judicial, como ocurrió en el caso del proceso 8.000, por enriquecimiento ilícito de particulares.
“Aquí no solamente estaría llamado a responder el gerente de la campaña, también las personas que participaron y por parte de los entes de justicia habría que entrar a determinarse si el candidato tuvo conocimiento, avaló, autorizó u ordenó que esos dineros ingresaron a la campaña, es un delito bastante grave y tiene hasta 180 meses de prisión”, señaló.
En medio de este escándalo, la Fiscalía General de la Nación ya trabaja sobre otras líneas de investigación para todo lo que tiene que ver directamente con Laura Sarabia, por la prueba del polígrafo a su exempleada y las presuntas interceptaciones ilegales con ella.
Frente a la desaparición del dinero, la Fiscalía manifestó que “en los próximos días serán llamados a interrogatorio con defensor y en algunos casos a imputación a todos los involucrados y responsable en estos hechos y algunas prácticas que fueron involucradas durante la denuncia”.
En cuanto al caso del polígrafo, “fue ordenada la interceptación de la herramienta, para que sirva como prueba y elemento probatorio”, manifestó la Fiscalía.
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