La Fiscalía no negociará un principio de oportunidad con Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones, y a quien próximamente acusara por presuntos actos de corrupción relacionados con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

La decisión la tomó el ente investigador al asegurar que la Fiscalía Novena Delegada ante la Corte Suprema de Justicia ha sostenido acercamientos con la exconsejera para las regiones en aras de concretar una posible negociación judicial, pero "la colaboración que ofrece a la justicia se funda en información confusa, contradictoria y no sustentada en evidencias objetivas que corroboren sus afirmaciones”, explicó la Fiscalía.

Acto seguido, el ente investigador aseguró que como las negociaciones se cayeron  la exfuncionaria manifestó que revelaría públicamente los términos de los acercamientos y los detalles que dice conocer sobre el entramado de corrupción, “lo cual hace bajo su responsabilidad y sin que ello comprometa a la Fiscalía”.

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La investigación apunta a que dentro de esa entidad se creó una "organización criminal", como lo denominó la Fiscalía, que se aprovechó de las declaratorias de desastre nacional y de calamidad pública emitidos por el Gobierno, para direccionar contratos a cambio de coimas.

El entramado fue dirigido por Olmedo López, quien para ese momento era el director, y Sneyder Pinilla, su subdirector. La mayoría de esos convenios terminaron en manos de Luis Eduardo López, conocido como "El pastuso", quien dirige más de 30 empresas, de las cuales fueron utilizadas: Brands SAS, Impoamericana Rogers SAS, Proyectos RML y Kalmo S.A.S. Todos ellos ya imputados.

En ese contexto, Ortiz resultó ser la más alta ficha del gobierno del presidente, Gustavo Petro, salpicada por este escándalo, fue señalada por la Fiscalía de entregar $3.000 millones a Iván Name, expresidente del Senado, por orden de Carlos Ramón González.

En ese sentido, en las últimas horas Ortiz le contó a la revista Semana, que según ella, los 3.000 millones tendrían una doble finalidad: por un lado, garantizar la aprobación de las reformas de Petro en el Congreso, y, por el otro, incluir en el orden del día la elección de Vladimir Fernández como magistrado de la Corte Constitucional, que se materializó el 17 de octubre de 2023.

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