El país sigue en vilo tras el atentado que dejó gravemente herido al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Pero mientras el dirigente político lucha por su recuperación en una unidad de cuidados intensivos, la justicia colombiana se mueve con rapidez en busca de respuestas. Tres personas han sido capturadas, y lo que hasta hace unos días parecía una pesadilla política, hoy comienza a perfilarse como la punta de un iceberg: una posible red criminal con implicaciones aún desconocidas.
La Fiscalía ha anunciado oficialmente la detención de tres presuntos implicados en el ataque: un menor de 14 años, identificado como el presunto autor material del disparo, fue aprehendido en Bogotá. Aunque no aceptó los cargos, fue presentado ante un juez especializado en adolescentes por los delitos de tentativa de homicidio agravado y porte ilegal de armas.
Carlos Eduardo Mora González, capturado en Kennedy (Bogotá), señalado como conductor de la motocicleta usada en el atentado y presunto coordinador logístico. La Fiscalía le imputó cargos por tentativa de homicidio, fabricación y porte de armas, y uso de menores para la comisión de delitos.
Katerine Andrea Martínez, alias Gabriela, capturada en Cartagena del Chairá (Caquetá), habría facilitado apoyo logístico e inteligencia previa al ataque. También fue imputada por los mismos delitos.
Los tres permanecen bajo medida de aseguramiento intramural mientras avanza la etapa de imputación y recolección de pruebas.
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El camino judicial: un caso complejo
Aunque la captura de los tres primeros implicados representa un avance significativo, los expertos advierten que el caso apenas comienza. La Fiscalía General sostiene que existe una estructura criminal organizada detrás del atentado, con ramificaciones aún no identificadas. Entre los nombres que comienzan a aparecer está el alias de El Costeño, un posible autor intelectual que habría pagado por el ataque y contratado al menor para ejecutarlo.
Además, se investiga el origen del arma utilizada, presuntamente ingresada desde Estados Unidos, lo que podría abrir una línea de cooperación internacional con agencias como la DEA o Interpol.
En el caso del menor de edad, las sanciones que podría enfrentar se rigen por el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (SRPA), lo que limita la pena máxima a 8 años, incluso si se comprueba su culpabilidad. En cambio, los adultos capturados podrían enfrentar condenas superiores a 20 años de prisión.
Aunque la Fiscalía ha sido prudente en no adelantar conclusiones, se sabe que hay al menos tres personas más identificadas y con órdenes de captura en curso. Estas incluirían a posibles financiadores, reclutadores y encargados de la inteligencia previa al ataque.
Por otro lado, la defensa de los capturados ha intentado desacreditar la legalidad de los procedimientos y alega que se han vulnerado garantías procesales. Sin embargo, el impacto político del caso y la presión pública han llevado a un tratamiento acelerado del proceso judicial.
El atentado no solo puso en riesgo la vida de Miguel Uribe Turbay, sino que también reconfiguró el clima electoral colombiano. A solo meses del inicio oficial de campaña presidencial, el país asiste a un remezón institucional que ha reactivado los debates sobre seguridad, violencia política y uso de menores en estructuras criminales.
La propuesta de conformar una comisión internacional que acompañe el caso fue rechazada por la Fiscalía, bajo el argumento de preservar la soberanía judicial y evitar filtraciones. Esta decisión ha generado reacciones mixtas: mientras algunos sectores lo ven como una señal de autonomía, otros consideran que una supervisión internacional podría blindar el proceso ante posibles presiones políticas.
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