El gobierno del presidente Gustavo Petro está decidido a acabar con todo lo que hasta ahora se conoce como Canal 1, sin importar que el medio público está concesionado al grupo Plural Comunicaciones hasta el 2037. 

Así lo notificó el jefe de Estado en el reciente consejo de ministros del 15 de agosto, donde dio instrucción al ministro de las TIC, Julián Molina, de abrir una nueva licitación para cambiar de operador. 

“Este Gobierno tiene que ser constructor de comunicación social”, dijo Petro, quien pidió “una nueva forma de manejar la televisión”, que esté al servicio de la juventud, las artes y la cultura. 

Ante esta nueva arremetida del Gobierno nacional, La Opinión conversó con Ramiro Avendaño, presidente de Canal 1, quien manifestó su preocupación por lo que califica como un intento de expropiación, pues señaló que, en últimas, “el atentado no es contra Canal 1, sino contra la libertad de expresión”. 

“Mentir sería decir que no tenemos temor, no solo por nosotros, también por los 50 millones de colombianos a los que nos están violando nuestras libertades, nuestro derecho de ser. Esto es absolutamente inaceptable”, expresó Avendaño. 

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Los argumentos del Gobierno

Sobre el argumento para ordenar la cancelación de la concesión a Canal 1, el presidente Gustavo Petro indicó en el consejo de ministros que “hay irregularidades”, sin especificar cuáles. 

No obstante, en mayo trascendió que el Ministerio de las TIC, a través de su Dirección de Industria de Comunicaciones, estuvo investigando supuestas anomalías relacionadas con la modificación de la composición accionaria de la empresa sin la autorización del mismo. 

En dicha investigación se habría identificado un “presunto incumplimiento contractual” por parte de Plural Comunicaciones S.A.S., debido a la modificación de su composición accionaria sin la autorización previa y expresa del Ministerio, un requisito establecido en el Contrato de Concesión No. 001 de 2017.

Al respecto, Plural Comunicaciones respondió que la concesión del Canal 1 y su propiedad no han cambiado, pero además alegó que,  en su momento, el Ministerio de las TIC le notificó que no era necesario reportar cambios de socios internos en las empresas concesionarias. 

“Desde el punto de vista regulatorio, hemos cumplido con absoluta rigurosidad. Pero aquí todos los días desde el Gobierno están buscando un argumento distinto, la excusa para configurar una caducidad de la concesión”, aseguró Avendaño.

En este contexto, señaló que el arma de defensa más sólida que tiene el canal para defenderse es la licencia otorgada por el Estado, por la cual se pagaron $117.000 millones, así como la Ley 1978, que establece que la concesión de Canal 1 va hasta el 2037 y el cumplimiento de todas las normas de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, sobre pluralidad informativa, con garantías éticas y de interés común. 

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“En lo jurídico estamos completamente protegidos, pero vemos esto más como un ataque de carácter político y no entendemos para qué es”, advirtió  Ramiro Avendaño. 

Canal 1, conocido inicialmente como Cadena Uno, fue fundado el 13 de junio de 1954 y se considera como la primera estación de televisión en el país.

En 2017 fue adjudicado a Plural Comunicaciones y desde entonces ha construido una parrilla plural que hoy incluye Noticentro 1 desde las regiones y su emisión central en la noche, boletines informativos a lo largo del día, el magazine Lo Sé Todo, las investigaciones periodísticas de La Silla Vacía, espacios de análisis como La Polémica, La Luciérnaga de Caracol Radio y W Sin Carreta, además de Mesa Central de El Colombiano y el pódcast Acento, dirigido por Cristian Verbel, director de La Opinión.

“Estamos siendo objeto de matoneo”

Ramiro Avendaño dijo que la persecución del Gobierno nacional contra Canal 1 no se ha limitado a los términos jurídicos, sino que también ha venido ejerciendo presión a través de terceros. 

“Estamos siendo objeto de matoneo”, afirmó el presidente del medio televisivo, en referencia al hostigamiento que, asegura, se viene dando desde algunas instituciones del Estado, como la Superintendencia de Industria y Comercio hacia los anunciantes del canal, “prácticas que han sido sistemáticas y ordinarias, y que han llevado la situación a un nivel muy preocupante”, dijo Avendaño. 

En este contexto, el directivo manifestó que, “tememos, porque estamos hablando de una empresa libre, construida por sus empleados, una empresa que sale todos los días a luchar por hacer mejor periodismo, por entregar mejor información a la gente, pero que no tiene un poder económico ni político detrás para poderse defender de un ataque de esta magnitud”. 

Proteger el ecosistema periodístico

Las amenazas del Gobierno nacional hacia Canal 1 empezaron hace algún tiempo, pero han arreciado especialmente este año, desde el mes de marzo, situación que de alguna manera impacta el ambiente laboral de más de 100 empleados que ven amenazada su estabilidad económica. 

Aún así, el presidente del medio de comunicación destacó el nivel de compromiso que tiene los periodistas. “Son unos guerreros, serios, comprometidos con el país con las libertades y la democracia”, resaltó. 

Independientemente de lo que pase con Canal 1, Avendaño llamó a “proteger la independencia del ecosistema periodístico, el cuarto poder, como se le conoce, pues la libertad de expresión es fundamental”.

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Máxima solidaridad

Tras la orden presidencial, las manifestaciones de solidaridad con Canal 1 no se han hecho esperar. En las últimas horas, periodistas, dueños de medios  y ciudadanos en general han expresado su respaldo a la organización, rechazando, además, la medida que busca retirarle la concesión. 

“Las muestras de solidaridad han venido de personas de todas las características,  que simplemente no comprenden cómo un país en el que se pretende que los individuos sean libres, que vivan en democracia, que se puedan expresar, de repente se decide que se va a matonear y tratar de expropiar un medio de comunicación”, dijo Ramiro Avendaño. 

Entre las voces solidarias están la de Cristian Verbel, CEO de La Opinión y Catalítico, quien calificó el anuncio como un ataque directo contra la prensa libre. “La orden de Petro de licitar el Canal 1, pese a que su concesión va hasta 2037, es un ataque directo a la prensa libre. El único canal abierto con voces plurales e independientes está en la mira del Gobierno”, advirtió en sus redes sociales.

Por su parte, el periodista Luis Carlos Vélez escribió en su cuenta de X que, “Canal Uno tiene contrato vigente hasta 2037. Abrir una licitación antes de tiempo es una expropiación. Esto es un ataque contra la empresa privada, la libertad de expresión y la prensa. Presionar periodistas no les bastó, ahora buscan cerrar medios. Muy grave”. 

La senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, señaló que “esto tiene todo el tinte de persecución ilegal contra un canal privado. No hay sustento legal para esta arbitrariedad de Petro, la concesión va hasta 2037. Está poseído por Chávez buscando expropiar medios y persiguiendo a la oposición”.

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