La Unidad Nacional de Protección acaba de firmar un multimillonario contrato para asegurar la prestación del servicio de seguridad a las personas que tienen amenazas de muerte en el país. Aunque en el Gobierno hay todas las alertas desde el Ministerio de Hacienda por la situación fiscal que ha hecho que la administración tenga que priorizar algunos programas sociales sobre otros, la suma del contrato parece exagerada. Se trata de más de 600.000 millones de pesos, casi un billón, para contratación hasta julio de 2026 y con adiciones para 2027.

El contrato está firmado por el director de la entidad, Augusto Rodríguez, y la contraparte que es la empresa Neosecurity del empresario Alan Perlman. Según varias fuentes consultadas por El Colombiano se trata de un alquiler de más de 2.400 camionetas y las únicas empresas que podían competir eran dos por el tamaño del contrato. “Solo hay dos empresas en el país que cuentan con más de 2.000 camionetas blindadas listas para usarse. Las otras empresas son muy pequeñas y el proceso para blindar una camioneta se demora 30 días. Pero no hay blindadoras que cuenten con esa capacidad para blindar tantas camionetas. Era un contrato que se tenía que adjudicar porque es la prestación del servicio”, aseguró una persona relacionada con la entidad.

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La licitación es en detalle para el alquiler de casi todas las camionetas que se usan en Colombia en esquemas de protección hasta el 2026 y con varias adiciones par años posteriores. Lo que normalmente sucede es que la UNP hace licitaciones por zonas que se entienden como regiones del país. Antes una sola compañía no podía competir en varias zonas pero la entidad expidió una nueva normativa que permitió que una empresa pudiera competir en todas las zonas al mismo tiempo. “Esa es una empresa seria y que le ha competido en franca lid a Jorge Moreno, el zar de la seguridad, que sigue detrás de varias empresas compitiendo por contratos y fue condenado”, aseguró otra fuente.

Lo cuestionable es el tamaño del gasto en un momento de crisis fiscal y problemas de sostenibilidad para las finanzas del país. Justo este viernes el Gobierno tuvo que correr para solucionar un problema de energía en Puerto Carreño, Vichada, porque la empresa encargada de la prestación del servicio alegó que el Gobierno Nacional tenía deudas atrasadas en una categoría de subsidios. Lo mismo manifestó Terpel, que le vende el combustible diesel a la compañía para producir la energía. Por esa razón los ciudadanos de la región tuvieron que pasar varios días en la oscuridad en el inicio de año y solo hasta la tarde el ministro de Minas, Andrés Camacho, comunicó que habían hecho los giros pertinentes y habló de la necesidad de cambiar la fuente de la energía para no depender en el departamento de la madera o el diesel.

Pero ese no es el único caso. También hubo problemas de giros que fueron reconocidos por el propio director del Departamento de Prosperidad Social (DPS), Gustavo Bolívar, en un programa llamado Hambre Cero, y hasta el pasado 13 de diciembre no se habían enviado los recursos a las universidades para un programa de apoyo a estudiantes en universidades privadas. Finalmente, tras la denuncia de la representante Katherin Juvinao el Gobierno pagó el billón de pesos y se puso al día. El más reciente es el aumento de la Unidad de Pago de Capitación en el sistema de salud que fue solo de 5,36 % y desató críticas y cuestionamientos porque expertos y gerentes de hospitales aseguran que no es suficiente para el momento de deudas estructurales en la salud.

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El tema de los esquemas de seguridad ha sido uno de constante debate en Colombia. De hecho, hay expertos que han investigado y publicado libros sobre el gasto exagerado que tiene el país para acomodar camionetas blindadas de los últimos años y escoltas de manera permanente a quienes la UNP decida que tienen un riesgo extraordinario o inminente por amenazas de muerte. Esos esquemas están centralizados especialmente en políticos, periodistas, líderes y defensores de Derechos Humanos y activistas.

El profesor de economía de la Universidad de Ciencias Aplicadas en Berlín, Alemania, Erik Behar, ha publicado varios documentos de investigación en los que se habla del nivel del gasto en que es una excepción en el mundo para este tipo de modelos de seguridad. Especialmente por el tipo de camionetas. En la enorme mayoría de los casos los carros que se alquilan o se compran son grandes vehículos siempre de marca Toyota de años no anteriores a los últimos cinco y con altos niveles de blindaje que para el gasto público significan un barril sin fondo, según Behar.

El contrato además resulta curioso cuando la Superintendencia de Industria y Comercio empezó acciones de investigación por la cartelización en la UNP y ha mencionado en esas indagaciones al empresario Perlman y a Jorge Moreno. Las fuentes insistieron en que de una u otra forma el contrato debía firmarse porque se trata de los esquemas vigentes para la protección de ciudadanos que ya tuvieron acceso a ese derecho, pero desde varios sectores piden que se revise el modelo de protección que tiene el país por el nivel de gasto que es a todas luces exagerado y más en momentos de ajuste del gasto y apretón del cinturón. Mientras el director del Departamento Nacional de Planeación hablaba en los últimos días de la insistencia del Gobierno a una ley de financiamiento que significa una reforma tributaria para poder cumplir con el programa del Ejecutivo, al mismo tiempo la UNP acaba de comprometer más de 600.000 millones para el alquiler de camionetas blindadas a los protegidos del país.

Tomado de El Colombiano.

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