Una empleada de una entidad bancaria fue judicializada por su presunta participación en una red de extorsión carcelaria, a la que habría suministrado información confidencial de usuarios financieros para facilitar fraudes y posteriores exigencias de dinero.

Según la Fiscalía, Queila Maryuri Orozco Trujillo sería el posible enlace entre clientes de la sucursal bancaria donde trabajaba y un grupo delictivo cuyos integrantes se encontraban recluidos en la Cárcel de Mediana y Máxima Seguridad Doña Juana.

De acuerdo con la investigación, la mujer habría entregado datos personales de clientes que solicitaban créditos, información que era utilizada por la red para suplantarlos y tramitar préstamos a su nombre.

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Una vez el dinero era desembolsado, la procesada, al parecer, alertaba a los responsables del delito, quienes contactaban de inmediato a las víctimas para intimidarlas y exigirles pagos bajo amenazas.

Según la evidencia, la mujer sostuvo más de 670 comunicaciones con el presunto líder de la estructura criminal, en las que habría suministrado información sensible de los usuarios.

Por estos hechos, una fiscal especializada de la Seccional Caldas le imputó el delito de concierto para delinquir con fines de extorsión. La procesada no aceptó los cargos.

Un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en su lugar de residencia mientras avanza el proceso judicial.

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