Frente al creciente malestar en Pamplona por la implementación de la actualización catastral, que tenía un rezago de 23 años, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) estudia la posibilidad de suspender sus efectos, en atención a la solicitud hecha por el alcalde del municipio, Klaus Faber Mogollón, tras las protestas registradas recientemente por el excesivo aumento en el cobro del impuesto predial.

Así lo anunció Óscar Hernando Sánchez Roa, director del IGAC en Norte de Santander, durante la plenaria de la Asamblea Departamental celebrada ayer, donde se abrió un espacio de escucha para conocer los diferentes puntos de vista de las partes involucradas y, sobre todo, buscar una solución a una problemática que aqueja a muchos pamploneses.

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De acuerdo con organizaciones sociales que hacen seguimiento al tema, se han recibido entre 3.000 y 7.000 quejas de ciudadanos que han visto cómo, de un plumazo, se han convertido en “ricos de papel”, como señaló Eduardo Andrés Navarro, presidente de la veeduría Por un Catastro Justo de Pamplona.

Navarro aseguró que el avalúo catastral impuesto por el IGAC no se ajusta a la realidad socioeconómica del municipio que, pese a tener 60.000 habitantes, registra una informalidad del 70%, debido a que la mayoría no alcanza a ganar ni $20.000 diarios.

“Ante este panorama, vemos cómo nos dicen, incluso con ironía, que ‘la realidad es esa’ y, con la excusa de un rezago de 23 años, nos imponen de tajo unos avalúos que sobrepasan la capacidad tributaria y fiscal de cualquier ciudadano de Pamplona”, dijo el veedor en la plenaria de la Asamblea.

Añadió que, de no lograrse un ajuste en los avalúos, en el caso de Pamplona se estaría afectando la principal fuente de ingresos del municipio, que son los arriendos derivados de la población estudiantil universitaria, pues “la ciudad no tiene empresas, emprendimientos u otro tipo de apoyos, y nos están haciendo pasar como si fuéramos ricos”, expresó.

El veedor cuestionó además la falta de información clara por parte del IGAC que, en ningún momento durante la socialización de la metodología y los criterios utilizados para el cálculo de los avalúos, mencionó el costo del metro cuadrado construido y no construido, ni ante la corporación departamental ni ante la ciudadanía, según Navarro.

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Un problema nacional

Por su parte, Tatiana Muñoz, representante nacional del movimiento Por un Catastro Equitativo, señaló que esta situación se presenta en distintas regiones del país y cuestionó que “un proceso que debería ser técnico, para darle valor a la propiedad, hoy el IGAC lo ha convertido en un negocio”.

Indicó que desde el año pasado intervinieron en Pamplona para tratar de frenar la actualización catastral, solicitando al alcalde la modificación del convenio; sin embargo, afirmó que la respuesta fue negativa, porque “la idea era hacerlo rápido y barato para poder cobrar”.

Sostuvo que, dado que ya comenzó el cobro en los recibos, la solución no depende de las alcaldías. 

“Hoy quienes tienen el poder de decisión para hacer esas suspensiones o cualquier modificación, en el caso de Pamplona, es el IGAC”, señaló.

En este sentido, la entidad reiteró su disposición de analizar la posible suspensión desde los aspectos jurídicos y financieros. Sobre los reclamos presentados por los ciudadanos, indicó que se está atendiendo cada caso y se dará respuesta dentro de los tiempos establecidos.

Asamblea confía en una solución

Desde la Asamblea Departamental confían en que Pamplona pueda resolver satisfactoriamente esta situación, evitando afectaciones a la economía de muchos ciudadanos, en su mayoría campesinos que dependen del ingreso diario.

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Adicionalmente, los diputados esperan que este caso siente un precedente, teniendo en cuenta que varios municipios de Norte de Santander están en proceso de implementar la actualización catastral, entre ellos Arboledas, Bochalema, Cácota, Chinácota, Chitagá, Cucutilla, Durania, El Zulia, Gramalote, Herrán, Labateca, La Esperanza, Lourdes, Mutiscua, Ocaña, Pamplonita, Puerto Santander, Ragonvalia, Salazar, Santiago, Silos y Villa Caro.

Manifestación el 9 de abril 

Tatiana Muñoz anunció que, ante la problemática a nivel nacional, se organiza un paro en todo el país para el 9 de abril, con el que buscan la suspensión de las actualizaciones catastrales ya realizadas, “que tienen a millones de colombianos con cobros coactivos y embargos”, así como la anulación de los efectos del artículo 49 del Plan Nacional de Desarrollo, en el que se enmarcan estos procesos.

La ciudad no tiene empresas, emprendimientos u otro tipo de apoyos, y nos están haciendo pasar como si fuéramos ricos.

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