La defensa del Gimnasio Campestre Los Laureles desestimó jurídica y fácticamente la solicitud elevada por los abogados de la familia de la menor Valeria Afanador para imputar cargos a la rectora de la institución por la muerte de la estudiante, al considerar que el plantel cumplía con los protocolos de seguridad verificados por las autoridades y que la directiva no tenía bajo su responsabilidad directa la vigilancia operativa de los alumnos durante los espacios de recreación.

La postura de la defensa surgió tras la petición formal radicada ante la Fiscalía por Julián Quintana, abogado de las víctimas.

La familia solicitó vincular penalmente a la rectora, Sonia Ochoa Ochoa, y a los docentes Emely Viviana Fuentes Hernández y Diego Orlando Pinzón Perilla, bajo el argumento de que existieron omisiones en el cuidado de la niña de 10 años, quien desapareció del colegio el pasado 12 de agosto y fue hallada muerta 17 días después en Cajicá.

Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia y apoderado de la institución educativa, reconoció la legitimidad del dolor de las víctimas, pero rechazó la viabilidad legal de la pretensión.

“Respetamos esta posición, por supuesto que se compadece con el rol de los apoderados de víctimas, es apenas entendible, pero en segundo lugar jurídicamente no es procedente”, declaró Bernate frente a la solicitud de imputación.

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El eje de la acusación contra la rectora Ochoa se centra en que, supuestamente, conocía las fallas de seguridad en el plantel, específicamente unas reparaciones cubiertas con polisombras. La denuncia de la familia indicó que un día antes de la desaparición de Valeria, “la menor le había comentado que por el hueco se había volado un niño de quinto”.

Frente a esto, la defensa argumentó que la estructura jerárquica del colegio exime a la rectora de la supervisión minuto a minuto de los estudiantes. Bernate explicó que “al interior de la institución hay roles y tareas definidas para el cuidado y la supervisión de los menores por personas capacitadas y competentes para eso”.

El abogado enfatizó que la rectora “había delegado en personas competentes estas funciones” y que, por la naturaleza de su cargo, “no estaba, como cualquier rector del colegio, pendiente de lo que ocurra en el jardín o en donde están tomando la merienda”.

Otro punto de discordia es el estado físico de las instalaciones. Mientras la acusación sostiene que la rectora no actuó a tiempo sobre las reparaciones locativas, la defensa aseguró que el colegio operaba bajo estricta vigilancia estatal.

“Las autoridades tienen conocimiento de que el colegio es permanentemente visitado, inspeccionado y vigilado por todas las autoridades, quienes incluso días antes del suceso lo habían visitado y habían encontrado que el colegio cumplía y cumple con toda la normativa en materia de seguridad”, aseveró Bernate.

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La denuncia de la familia también apuntó a los docentes. Señaló a Emely Viviana Fuentes Hernández por permitir la salida de la menor sin activar mecanismos de protección, y a Diego Orlando Pinzón Perilla, quien presuntamente se percató de que la niña estaba sola fuera del salón y “no decidió hacer nada”.

Sin embargo, Bernate insistió en que la solicitud de imputación contra la cabeza de la institución carece de sustento, reiterando que el colegio mantuvo una “activa cooperación” con la investigación y que se demostró el cumplimiento normativo.

El caso se investiga bajo los hallazgos de Medicina Legal, que confirmó que la muerte de Valeria Afanador ocurrió el mismo día de su desaparición. El cuerpo no presentó signos de violencia física.

El informe forense detalló que la niña murió por “ahogamiento o sumersión en medio líquido”, tras aspirar e ingerir agua y residuos de pantano. La presencia de cambios de adipocira evidenció que el cuerpo permaneció en contacto constante con el agua hasta su hallazgo en la zona de Río Frío.

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