La Corte Constitucional reconoció este jueves la necesidad de ofrecer garantías y alternativas habitacionales adecuadas a las víctimas de desplazamiento forzado, incluyendo aquellos afectados por desastres ambientales.
Esta decisión se deriva del caso de Agustín, un hombre mayor que sufrió el desbordamiento del río Apartadó y, a pesar de haber sido beneficiario de un proyecto de vivienda, enfrentó problemas al intentar ocupar su nueva residencia.
En 2019, Agustín recibió la asignación de una vivienda de interés social en Apartadó, tras haber perdido su hogar durante la ola invernal de 2010-2011. Sin embargo, al llegar a la propiedad, encontró que la vivienda ya estaba ocupada por Ana, otra víctima del mismo desastre, quien había tomado el inmueble de forma irregular debido a su propia situación desesperada.
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La Alcaldía de Apartadó ofreció a Ana una compensación de tres meses para que desalojara el inmueble, pero ella optó por permanecer en la vivienda.
Aunque la Inspección de Policía ordenó el desalojo, esta medida no se concretó. Ante esta situación, Agustín presentó una acción de tutela, reclamando el respeto a sus derechos de propiedad y el debido proceso.
La Corte, al analizar el caso, subrayó que tanto Agustín como Ana son desplazados forzados y, por ende, sujetos de especial protección.
La Sala Primera de Revisión concluyó que la Alcaldía de Apartadó había vulnerado los derechos de Agustín al no entregarle el inmueble ni ofrecerle una solución habitacional temporal adecuada.
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Además, la entidad territorial había fallado en su responsabilidad de proteger a Ana y su familia, quienes también eran desplazados y necesitaban asistencia
En su decisión, la Corte ordenó a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) reactivar la entrega de asistencia humanitaria a Agustín y a la Alcaldía de Apartadó realizar las gestiones necesarias para entregar la vivienda a Agustín, mientras se le proporciona una solución habitacional temporal.
Asimismo, se instruyó a la Alcaldía a garantizar una solución de vivienda temporal para Ana y a incluirla en la oferta institucional.
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La Corte también identificó problemas estructurales en el sistema de gestión del riesgo de desastres en Apartadó y ordenó mejoras en su funcionamiento para prevenir futuros desplazamientos forzados.
Finalmente, se encomendó a la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación y la Personería Municipal de Apartadó que supervisen el cumplimiento de la sentencia y brinden el apoyo necesario.
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