La Corte Constitucional declaró inexequible el Decreto Legislativo 0131 del 5 de febrero de 2025, mediante el cual el Gobierno buscaba redirigir recursos del Sistema General de Regalías hacia proyectos de inversión en zonas afectadas por la violencia en el nororiente del país, como la región del Catatumbo, los municipios del área metropolitana de Cúcuta y dos municipios del departamento del Cesar: Río de Oro y González.

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La norma fue expedida durante la vigencia del estado de conmoción interior decretado en estas zonas, y tenía como objetivo autorizar el uso de recursos provenientes de tres asignaciones clave del Sistema General de Regalías: el 40 % destinado a la inversión regional, la Asignación para la Paz y la Asignación Ambiental. El propósito era atender de manera prioritaria la grave crisis humanitaria, de seguridad y de gobernabilidad que afecta a estas regiones.

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