Más de dos décadas después, la justicia transicional condenó a 11 exintegrantes del Bloque Oriental de las FARC-EP por su participación en las tomas guerrilleras de Mitú y Miraflores, así como por otros hechos violentos cometidos en varias regiones del país.

La decisión fue adoptada por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, que los declaró responsables de 165 delitos, entre ellos homicidios, desapariciones forzadas, secuestros, reclutamiento de menores y violencia sexual, en hechos ocurridos en al menos diez departamentos.

Los sentenciados son Ángel Melquisedec Alfaro Bonilla; César Díaz Sosa, alias Cochebomba; Críspulo Efraín Quiñonez Barreiro; Daniel Zárate Velandia; Jhon Jairo Ramírez, alias Fuego Verde; Berny Derley Ordoñez Castro, Ferney Valverde Fajardo, Marlio Mora Morales, Rodrigo Ducuara Yate, Rahomir Rodríguez Trujillo y Alexander Gómez.

Uno de los episodios centrales por el cual responderán es la incursión a Mitú, en octubre de 1998, cuando un numeroso grupo de aproximadamente 1.500 miembros del entonces Bloque Oriental de las FARC-EP atacó la estación de Policía del municipio. En esa acción murieron integrantes de la fuerza pública y civiles, y decenas de uniformados fueron secuestrados.

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A ese hecho se suma la toma de Miraflores, también en 1998, en la que fueron atacadas bases de la Fuerza Pública, dejando muertos y más de un centenar de uniformados retenidos.

El tribunal también acreditó otros crímenes que reflejan el accionar sostenido de esa estructura guerrillera en distintos territorios, incluyendo el reclutamiento forzado de una menor de 11 años, quien, según la investigación, fue víctima de violencia sexual y obligada a abortar durante su permanencia en el grupo armado.

Asimismo, se estableció la desaparición de un integrante de la Policía Nacional, retenido por hombres armados en el departamento de Casanare, cuyo paradero sigue sin conocerse.

Los hechos por los que fueron condenados ocurrieron en zonas de Arauca, Boyacá, Casanare, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Meta, Vaupés, Vichada y Amazonas.

Los sentenciados deberán cumplir penas de hasta 480 meses de prisión y pagar una multa equivalente a 30.000 salarios mínimos legales vigentes, bajo las condiciones de la justicia transicional.

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