La Defensoría del Pueblo viene haciendo un monitoreo constante de los hechos de violencia en el país, desde que el gobierno expidió los decretos que establecieron el cese bilateral al fuego por parte con varias organizaciones armadas ilegales.

Aunque de este cese al fuego ya no hacen parte el Eln, que desde un principio negó haberlo acordado, ni el Clan del Golfo, a quien el Gobierno excluyó por las acciones violentas ocurridas en el paro minero, las cifras parecen demostrar que esta medida no ha sido efectiva para frenar la violencia en el país.

De acuerdo con el tercer boletín de la Defensoría de seguimiento al cese, en el último mes el número de hechos violentos registrados entre el 18 de febrero al 17 de marzo de 2023 se duplicó pues se registraron 32 casos, frente a 16 del mes anterior.

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Estos hechos incluyen reclutamiento forzado de niños, violencia sexual, atentados, restricciones a la movilidad y la libertad y desplazamientos forzados en varios departamentos del país, entre otros.

“Pasar en un mes de 16 a 32 hechos violentos que generaron vulneraciones a los derechos humanos, infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) y trasgresiones al cese al fuego por parte de algunos de los 4 grupos armados ilegales que se habían acogido al decreto expedido por el Gobierno arrancando este año; además de causar graves daños a las comunidades, me obligan a decirles a estos grupos armados que se nos agotó la paciencia. Los colombianos esperamos que cumplan con los anhelos de paz que tenemos desde hace años”, dijo el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.

Entre los hechos registrados por la Defensoría se presentaron cuatro acciones bélicas directas en Valle del Cauca, Huila y Cauca y ocho confrontaciones armadas en Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Antioquia, que produjeron afectaciones humanitarias para las comunidades como confinamientos y desplazamientos forzados, entre otros.

Esta semana, el Gobierno puso fin al cese bilateral al fuego con el Clan del Golfo, pero organismos de control, gobernadores y diferentes sectores políticos venían advirtiendo ya acerca de que esta medida no se venía cumpliendo. Como lo señaló el defensor Camargo, “las únicas que honraron el cese al fuego bilateral fueron las Fuerzas Armadas”.

Analistas aseguran que en la forma como se planteó este cese bilateral hay fallas que impiden que sea realmente eficaz y que incluso pueden ser más los perjuicios que traiga para un eventual proceso de diálogo que sus beneficios.

León Valencia, director de la Fundación Paz y Reconciliación, aseguró que el cese al fuego fue completamente ignorado: “no lo atendió ningún grupo que iba dirigido, el Clan del Golfo dijo que sí, pero no lo cumplió y las disidencias también dijeron que sí y tampoco lo han cumplido, entonces es un cese decretado por el gobierno, pero no aceptado por las organizaciones”.

Al ser consultado sobre a qué se debía este aumento de las acciones delictivas, Valencia expresó que el gobierno de Gustavo Petro ha hecho acuerdos sin tener claros los marcos jurídicos o las metas que quiere con estas organizaciones.

“Tienen que corregir los errores que se han cometido enviando mensajes a esos sectores sin todavía tener un marco jurídico para hacer los acuerdos con el crimen organizado y esas organizaciones como el Clan del Golfo, no tenían una meta de negociación con ellos, el cese al fuego nunca fue acordado y tampoco tuvieron una veeduría de ese cese al fuego y a las hostilidades. Entonces, sí me parece que han sido errores de Petro, gestos de buena voluntad que no han sido recibidos por esas organizaciones criminales”, aseguró.

Y agregó "Como dice el dicho popular fue ‘ensillar sin traer las bestias’. Solo se puede volver a retomar las negociaciones en la medida que salga el marco jurídico, en la medida que tenga ya una veeduría y en la medida que esas organizaciones acepten entrar en una idea de sometimiento a la justicia”.

Por su parte, el coordinador de la unidad de monitoreo sobre conflicto y violencia de la Fundación de Ideas para la Paz (FIP), Andrés Cajiao, aseguró que el aumento de hechos violentos en el país se debe a que la expectativa generada por la idea de paz total de Gustavo Petro, no se ha concretado en realidades.

“Con la llegada de este gobierno y su iniciativa de paz total, en su inicio sí lograron de alguna manera algún tipo de influencia con los grupos armados por los acercamientos iniciales, pero a medida que esto no se ha consolidado del todo y que tiene vacíos importantes, pues los grupos armados vuelven a sus operaciones y lo que se ve de hostigamientos, emboscadas, ataques contra la fuerza pública”, dijo.

Sobre si el fallido cese al fuego era causa del aumento de la violencia, Cajiao expresó que no hay una relación causal, pero “las acciones del gobierno no han logrado frenar la inercia que llevaba la violencia en las zonas de disputa territorial como Choco, Cauca, Nariño, Arauca y de alguna manera se ha recrudecido la violencia en esas zonas".

Cajiao asegura que el gobierno se ha quedado corto, pensando que los diálogos y el acercamiento con los grupos armados son suficientes para frenar la violencia, siendo que es necesaria una intervención adicional en los territorios.

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“El gobierno viene trabajando en lo que llama su política de seguridad. Sin embargo, nosotros creemos que esa política realmente tiene que traducirse en estrategias de intervención territorial en estas zonas donde se sigue concentrando el conflicto. Es necesario que más allá de la política de acercamiento con los grupos armados, se tenga una estrategia que tenga en cuenta las características propias de estos territorios, que tenga una perspectiva diferenciada de seguridad territorial que ha faltado por parte del gobierno”, enfatizó.

Según datos entregados por la Fundación ideas para la Paz, aunque la violencia hasta el momento no ha estado en los niveles a los que llegó en 2022, considerado el año más violento de los últimos tiempos en materia de masacres y crímenes de líderes sociales, entre otros, sí hay una tendencia al aumento de la violencia, luego de una disminución que se presentó en noviembre y diciembre.

Mientras que en diciembre y enero fueron asesinados 9 líderes sociales cada mes, en febrero la cifra aumentó a 12.

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Sin embargo, el presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), Camilo González Posso, asegura que las acciones violentas que se presentan actualmente no son de los grupos que se encuentran en diálogos con el gobierno sino de otras organizaciones.

“Hay otros actores, otras dinámicas violentas que no están asociadas con las organizaciones que se están planteando cese al fuego con el gobierno. Ahí situaciones que golpean mucho, que son los enfrentamientos entre grupos armados ilegales, se desbordan los enfrentamientos entre ellos que se presentan y llevan daños, amenazas, desplazamientos a la población”, asegura.

González afirma que las acciones del gobierno están dando sus frutos, porque aunque hay masacres y hechos violentos, las acciones violentas de estos grupos que están en proceso de diálogo sí han disminuido.

"No quiere decir que estén en una suspensión total de hostilidades y acciones violentas, pero sí hay unos efectos de esas conversaciones, han disminuido su accionar criminal. Son de otras organizaciones urbanas y mafiosas”, señala.

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