Según reveló el ‘boletín de movilidad humana’ de la entidad, durante el periodo de enero a septiembre de 2023, se aumentó en un 31% de los confinamientos en el país. El reporte da cuenta como en este periodo se presentaron 156 eventos, los cuales afectaron a 39.942 personas que equivalen a 11.094 familias. Esto representa un aumento de 37 hechos sobre los 119 registrados en el mismo periodo del año 2022.

“Lo que desde la Defensoría del Pueblo hemos podido evidenciar es la afectación de las comunidades por cuenta de una expansión del conflicto armado, la lucha por el control social y territorial y la disputa por el manejo de economías ilegales que ejercen los grupos armados al margen de la ley”, explicó el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.

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En lo que respecta a las zonas más afectadas por este fenomeno, la Defensoría aseguró que Chocó sigue siendo la zona con más confinamientos, llegando a tener 81 eventos a corte de septiembre; le siguen Putumayo, con 21; Nariño, 17; Arauca, 13; Cauca, 12; Valle del Cauca, 5; Bolívar, 4; Caquetá, 2, y Antioquia, 1.

Sobre los municipios con mayores hechos, están Puerto Rico (Caquetá), en el que 7300 personas quedaron confinadas; el segundo, el Bajo Baudó (Chocó), donde 6047 personas tuvieron que quedarse de manera forzada en sus territorios. 

Según expresó la entidad, estos confinamientos se dieron, principalmente, por la expansión del conflicto armado, la lucha por el control social y territorial y la disputa por el manejo de economías ilegales que ejercen los grupos armados al margen de la ley.

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Disidentes en 14 municipios    

A dos días de que entre en vigencia el cese al fuego bilateral entre el gobierno y los disidentes del Estado Mayor Central (EMC) y se dé inicio a las conversaciones de paz con esa organización, la Defensoría del Pueblo alertó por el “alto riesgo de vulneración” en el que estarían 14 municipios del suroccidente del país.

Se trata de Jamundí y Dagua en el Valle del Cauca; y de Buenos Aires, Santander de Quilichao, Suárez, Morales, Cajibío, Miranda, Corinto, Caloto, Guachené, Toribío, Jambaló y Caldono, en el Cauca, detalló la Defensoría. El temor es que los frentes Jaime Martínez y Dagoberto Ramos de esas disidencias pongan en riesgo a los habitantes de esos municipios debido al uso indiscriminado y desproporcionado de la violencia que puedan atentar contra los principios del derecho internacional humanitario.

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La Defensoría recordó que los disidentes del EMC han ejecutado acciones armadas, incluido el uso de artefactos explosivos, contra estaciones de policía, bases militares y puntos de control de las autoridades en esos departamentos, sin importar los efectos negativos sobre la población civil. 

El defensor del Pueblo, valoró los “esfuerzos” de paz del gobierno con los distintos grupos armados ilegales, pero urgió por la implementación de “medidas preventivas” en estos 14 municipios. “Requerimos acciones que demuestren que los grupos armados ilegales tienen una voluntad de paz genuina; no queremos que los grupos armados sigan burlando el anhelo de paz que tenemos todos los colombianos”, afirmó el funcionario.

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