Ya está listo el decreto que reglamenta las transferencias monetarias a familias con niños en primera infancia o mujeres embarazadas del departamento de La Guajira.

Lo anterior, en el marco del estado de Emergencia Económica que se declaró sobre el departamento. Aunque la Corte Constitucional lo declaró inexequible, sí fue enfática en que se le debe dar cumplimiento a la Sentencia T-302 de 2017, en la que se declaró el estado de cosas inconstitucional en La Guajira, dada la grave vulneración de los derechos humanos a la que está expuesta la población.

Por tanto, el Gobierno alista la presentación de decretos al Congreso con mensaje de urgencia.

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En este caso, el encargado de identificar, seleccionar y asignar las transferencias será el Departamento de Prosperidad Social a partir de las bases de datos de censos indígenas del Ministerio del Interior, de las autoridades departamentales o municipales, del ICBF, del Ministerio de Salud y Protección Social, de la Registraduría y otras entidades.

Posteriormente, se podrá consultar en la página web del DPS quiénes resultaron beneficiarios.

Aquellos que aparezcan registrados como beneficiarios activos del programa de Tránsito a Renta Ciudadana (antes Familias en Acción) automáticamente incumplen los requisitos.

Desde finales de septiembre a 30 mil hogares indígenas les fue otorgada una transferencia de hasta 500 mil pesos mensuales.

“El objetivo de la renta ciudadana, medio millón de pesos mensuales a madres cabeza de familia, es disminuir sustancialmente la desnutrición infantil”, afirmó Gustavo Petro en su cuenta de X.

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