La Sección Primera del Consejo de Estado admitió una demanda y una solicitud de medida cautelar en contra de la resolución que en agosto nombró a Salvatore Mancuso como gestor de paz.

El abogado Luis Carlos Domínguez Prada presentó una acción de nulidad contra la Resolución 244 del 14 de agosto de 2023.

El recurso busca tumbar la designación del excomandante paramilitar como gestor de paz. “Ha generado de por sí desconcierto y perplejidad en amplios sectores nacionales”, se lee en la demanda.

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Más allá del “desconcierto y perplejidad”, Domínguez solicitó una medida cautelar de urgencia, es decir, una decisión que el Consejo de Estado debería tomar al inicio del trámite de la nulidad mientras analiza el resto de la demanda.

La idea del abogado es “la suspensión provisional de los efectos jurídicos” de la resolución. En otras palabras, que se tumbe el nombramiento de Mancuso como gestor de paz mientras el alto tribunal de lo administrativo toma una determinación de fondo.

Para Domínguez Prada, aunque la supuesta indignación a nivel nacional “no constituiría una fundamentación jurídica” para la medida, sí es un argumento suficiente para suspender la resolución. En ese sentido, el demandante reprocha “el enaltecimiento que entraña la investidura como hombre de paz y de justicia del señor Mancuso Gómez”.

El accionante indicó que existen “tantas fundadas dudas sobre la juridicidad del acto en cuanto a su motivación, sobre su pertinencia y utilidad”, y que para el país sería “desgastante política y jurídicamente” contar con Mancuso como gestor de paz. El abogado Luis Domínguez agrega que la condición de gestor de paz de Salvatore Mancuso asegura su libertad “por sobre los muchos años de prisión a los que ha sido condenado”. El Gobierno, sin embargo, ha explicado que esa condición solo permite solicitar la libertad de la persona, pero son los jueces los que tienen la decisión de si la conceden o no.

Asegura que el nombramiento de Mancuso “ha dado pábulo a que delincuentes de toda laya, autores de execrables delitos e inspirados exclusivamente en el afán de enriquecerse, se hayan sentido acicateados y con derecho a solicitar idéntico tratamiento” (sic). Por eso, la suspensión inmediata de la resolución “hace de valladar a la insolente pretensión”.

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