La relación entre el Presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el fiscal, Francisco Barbosa, parece dilatarse cada vez más con el paso de los días, luego de un inicio de Gobierno marcado por unas aparentes buenas relaciones.
El más reciente encontronazo tiene que ver con la decisión del fiscal Barbosa de no citar la mesa de trabajo que se tenía prevista con el Gobierno, para adelantar las investigaciones conjuntas con la Sociedad de Activos Especiales (SAE), sobre la desaparición de muchos de los predios administrados por esta entidad.
En vez de esto, la Fiscalía decidió citar a declarar a su presidente, Daniel Rojas; al vicepresidente jurídico, Sebastián Caballero, y a otros funcionarios, para que, bajo la gravedad de juramento, cuenten todo lo que saben al respecto.
Ante esta decisión el presidente Petro, quien se encuentra participando del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, mostró su molestia a través de su cuenta de Twitter: “No sé qué le pasa al fiscal, pero, esto solo hace feliz a la mafia que a través de sus políticos logró recuperar los bienes que consiguió con la cocaína y que les había quitado la justicia”, señaló en su cuenta de Twitter.
Este encontronazo su suma a los que se han presentado entre ambos en los últimos meses, porque Barbosa decidió no levantar las órdenes de captura en contra de miembros del 'clan del Golfo', como lo había solicitado el gobierno Petro, y no estuvo de acuerdo con la liberación de jóvenes de ‘Primera Línea’ para ser Gestores de Paz.
¿Qué pasó con las ordenes de captura?
La Fiscalía negó suspender las órdenes de captura contra los representantes del ‘clan del Golfo’ y las 'Autodefensas de la Sierra Nevada' solicitadas por el Gobierno, porque según la entidad, estos grupos no tienen carácter político, por lo que su único camino es someterse a la justicia, y este beneficio solo es aplicable para los grupos que cumplan con la primera condición.
“Frente a los grupos armados organizados de carácter político con los que se adelanten diálogos es razonable centralizar en el Fiscal General la concesión de los beneficios necesarios para proceder con esa negociación. No ocurre lo mismo con integrantes de grupos armados que deben someterse a la justicia ordinaria, en buena medida porque los beneficios que reciban no pueden desbordar el marco de legalidad bajo el cual los jueces ordinarios competentes deberán decidir”, explica el documento de la Fiscalía en el que se tomó esta decisión.
Incluso este lunes, el fiscal Barbosa en entrevista con Caracol Radio fue más allá y dijo que "no es subalterno del Presidente. El Fiscal General no está en contra de la Paz Total, lo que estoy en contra es que se haga mal”, dijo.
El mandatario, por su parte, le respondió al Fiscal desde Suiza, explicándole que la suspensión de estas órdenes de captura se rigen en la nueva Ley de Orden Público o llamada también la Ley de Paz Total.
"Nosotros aprobamos una ley en el Congreso, es una Ley de la República que le permite al presidente designar una serie de intermediarios, llamémoslo así, de negociadores con grupos que necesariamente no tienen un origen político, pero que pueden tener un tratamiento socio jurídico para su desmantelamiento", afirmó el presidente Petro.
El presidente colombiano además aseguró que la negociación no será con el Gobierno, sino con la justicia.
"Implica una negociación con la justicia, no con el Gobierno, no estamos en esa tarea de politizar una negociación que tiene que ser jurídica, pero que sí implica por la realidad de nuestro país la inclusión de territorios, de juventudes cuya exclusión ha sido como el caldo de cultivo del crecimiento del narcotráfico, eso sí tiene que ver con el Gobierno", afirmó el mandatario.
Gestores de paz
La liberación de jóvenes de ‘Primera Línea’ para ser gestores de paz, fue el primer choque entre ambos, luego de que Barbosa asegurara que no entendía esta figura creada por el Gobierno y afirmara contundentemente que los jueces deben tener la última palabra sobre la libertad de personas detenidas.
“No entiendo bien la figura de gestor de paz, porque lo que se habla dentro del decreto es de un vocero. Tendrían que explicarle al país exactamente vocero de quién o de qué y en el marco de qué proceso de paz para que haya mayor claridad. Creo que es una reglamentación que tiene pendiente el Gobierno Nacional”, dijo el fiscal en su momento.
Este primer encontronazo se resolvió con una reunión entre ambos, en la que se abordó el tema y en la que se concluyó que cualquier decisión que se tomará en este sentido debía ser aprobada por los jueces, y que entre las personas liberadas no habrá condenados, ni tampoco judicializados por delitos diferentes a los cometidos durante las protestas.
¿Choque de trenes?
Analistas consultados coinciden en que lo que está haciendo el Fiscal General de la Nación es cumpliendo con su deber constitucional.
“El Fiscal hoy se está parando en la institucionalidad y en lo que a sus funciones le corresponde por ley. Es decir, el Gobierno no puede pasar por encima de la separación de poderes y ahorrarse las funciones de la Fiscalía para sacar adelante la Paz Total y el Cese Multilateral”, explica el analista político, Carlos Andrés Arias.
En este sentido el analista explica que el Gobierno Nacional por llevar a cabo el cambio y la aplanadora frente a la opinión pública, no puede pasarse por la faja la ley.
En este mismo sentido opina el analista político Pedro Viveros, quien dice que en Colombia los poderes son independientes y trabajan armónicamente cuando se presentan las condiciones para ello, pero también hay desencuentros entre ellos.
“Muchas veces usted se va a encontrar que la Fiscalía tiene desencuentros o va a tener coincidencias con las otras ramas, entre ellas el Ejecutivo. Entonces yo lo que veo es que simplemente el desarrollo de cuándo puede haber armonía lo hay, pero cuando tiene que haber la necesaria independencia también la va a tener un organismo con la Fiscalía, y el presidente también por supuesto”, explica Viveros.
¿Se limarán asperezas?
Al cierre de esta edición el presidente Gustavo Petro, aseguró que el fiscal Barbosa tiene razón en algunos temas y por tal motivo, para entrar en consensos, se reunirá con el funcionario público el próximo 30 de enero.
“He conversado con el Fiscal General, él tiene razón en algunos temas, conversaremos personalmente el 30 de enero para evitar discordias institucionales en el camino de la Paz, que es el derecho de la sociedad colombiana”, afirmó Petro en su red social.
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