Tres meses y medio se cumplen ya desde que el Consejo de Estado,  en un fallo de segunda instancia, resolvió finalmente mantener la investidura de Oliverio Castellanos como concejal de Cúcuta, pero el dirigente de Cambio Radical sigue sin recuperar su curul en la corporación municipal.

Como se recuerda, desde junio del año pasado, el varias veces concejal de la ciudad había logrado que le restituyeran sus derechos políticos, gracias a una tutela que fue resuelta a su favor y que dejó sin efectos la sentencia proferida en octubre del 2024 por la Sección Primera del mismo alto tribunal, mediante la cual se había decretado su muerte política.

No obstante, esta última decisión tuvo varias largas, hasta que el 30 de octubre de 2025, la Sección Primera del Consejo de Estado dictó una providencia definitiva, corrigiendo las inconsistencias que se habían presentado en el fallo que sacó a Castellanos del Concejo y que restringía en adelante su ejercicio político.

En este fallo los magistrados concluyeron que no se encontró probado el “elemento objetivo” de la causal con la que pedían apartar al concejal de sus funciones, por una indebida destinación de dineros públicos.

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A Oliverio Castellanos lo demandaron porque siendo presidente de la mesa directiva del Concejo de Cúcuta, al parecer, reconoció y pagó los honorarios del entonces concejal Nelson Ovalles, sin estar acreditada su asistencia a una sesión de la corporación, en 2022.

“(…) en consideración a que no se encuentra probado el elemento objetivo de la causal de pérdida de investidura por indebida destinación de dineros públicos, esta Sala procederá a confirmar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, en cuanto denegó la pretensión de desinvestidura del concejal José Oliverio Castellanos Navarro”, señalaba un aparte de la sentencia de segunda instancia.

Aunque contra esta actuación ya no procedía recurso alguno y lo que seguía era que, una vez ejecutoriada la sentencia, el restituido concejal volviera a ocupar su escaño, eso aún no se cumple.

Justamente, La Opinión conoció un oficio que le envió el pasado 29 de enero la Procuraduría Regional de Instrucción de Norte de Santander al Tribunal Administrativo, en el que solicita una serie de información sobre el fallo que le devuelve su investidura al concejal de Cambio Radical.

“La información solicitada tiene como finalidad exclusiva, adelantar el seguimiento preventivo al cumplimiento de decisiones judiciales, en garantía de los principios de legalidad, eficacia administrativa y respeto por los derechos fundamentales”, se puede leer en el oficio del ente de control.

Los aspectos sobre los cuales quiere tener información la Procuraduría Regional son:

-Las actuaciones adelantadas por el Tribunal Administrativo para dar cumplimiento a los resuelto por la Sección Primera del Consejo de Estado, el 30 de octubre de 2025.

-Si la sentencia de segunda instancia se encuentra ejecutoriada y si es así, indicar la fecha en la que se surtió ese trámite y la constancia del mismo.

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-Si existen actuaciones pendientes por surtir por parte del Tribunal, en relación con el cumplimiento del fallo, o si, por el contrario, se consideran agotadas las actuaciones a cargo del Tribunal.

-El estado procesal del expediente de pérdida de investidura.

-Si ya por parte del Tribunal se libraron comunicaciones u oficios dirigidos al Concejo de Cúcuta, informando la confirmación de la sentencia que negó la pérdida de investidura de Oliverio Castellanos.

“Se recuerda que la función preventiva que ejerce este órgano de control tiene como fin prevenir la comisión de irregularidades que puedan afectar a la comunidad, y evitar la generación de responsabilidades disciplinarias para los servidores públicos o privados, encargados de la prestación de servicios públicos”, advierte la Procuraduría.

La sentencia que favoreció a Castellanos quedó ejecutoriada desde diciembre pasado, después de que fuera negada una solicitud de aclaración que interpuso el demandante. Entre tanto, el 21 de enero regresó al Tribunal y pasó al despacho del magistrado ponente Ángel Ignacio Álvarez, y desde entonces no ha vuelto a registrar actuaciones.

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