El abogado Alejandro Carranza le solicitó a la Comisión de Acusaciones de la Cámara ser reconocido como apoderado del presidente, Gustavo Petro, en las investigaciones que allí se adelantan en su contra.

Mientras eso sucede solicitó que se detengan todos los procesos hasta tanto no se le otorgue su calidad de defensor.

"El debido proceso no es un privilegio de derechas o de izquierdas; es una garantía esencial que nos pertenece a todos. El derecho a defenderse, incluso en los escenarios más complejos, es lo que nos separa de la arbitrariedad. Si dejamos de protegerlo, dejamos de creer en nosotros como nación”, comentó el abogado, en una publicación de su cuenta de X.

Desde mediados de 2023, la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes abrió un expediente contra el Presidente, motivada inicialmente por la divulgación de los audios del exembajador Benedetti, en los que este hacía referencia a presuntos aportes irregulares a la campaña. Posteriormente, en 2024, esa investigación se amplió con las declaraciones entregadas por Nicolás Petro, en el marco de su proceso penal.

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La Comisión ha enfrentado obstáculos procedimentales que han ralentizado su actividad. Durante 2024, por lo menos cinco recusaciones fueron presentadas contra representantes investigadores, lo que llevó a suspensiones temporales y a la redistribución de casos entre otros miembros.

Estas recusaciones —que alegaban pérdida de imparcialidad o supuestos conflictos de interés— fueron resueltas por la Mesa Directiva, pero generaron retrasos de hasta tres meses en el trámite regular.

A pesar de las dificultades, la Comisión ha realizado al menos 24 diligencias probatorias, incluidas inspecciones judiciales a partidos de la coalición Pacto Histórico, solicitudes de información contable a sindicatos como Fecode y la USO, y la toma de testimonios a personajes clave como Ricardo Roa, Roy Barreras, dirigentes de la Colombia Humana y de la Unión Patriótica, así como contadores, asesores financieros y contratistas.

Sin embargo, esas actuaciones no han derivado aún en decisiones procesales de fondo.

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