La decisión de la Corte Constitucional de suspender provisionalmente el Decreto 1390 de 2025, que declaró la Emergencia Económica, era la crónica de una muerte anunciada, porque la utilización de un estado excepcional para introducir modificaciones tributarias, las cuales estaban una reforma que no fue aprobada en el Congreso, debilita la institucionalidad fiscal.
El profesor de Hacienda Pública y Presupuesto de la Universidad del Rosario, Henry Amorocho, dijo a La Opinión que la suspensión del decreto madre también deja sin efectos los decretos que se desprendieron de este.
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Así, el Gobierno no puede aplicar el aumento del IVA del 5% al 19% a licores, los tributos a los juegos de suerte y azar en línea y al patrimonio que reducía el umbral a capitales desde $2.000 millones y tampoco el alza a la sobretasa del impuesto de renta para bancos y otras entidades del sector financiero.
“En el hipotético caso que se declare inconstitucional la declaratoria de emergencia económica, a finales de febrero, los impuestos recaudados en el marco de ese decreto deberán devolvérselos a los contribuyentes que los pagaron”, añadió Amorocho.
¿Qué debió hacer Petro?
De acuerdo con el director del Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana, José Mauricio Salazar, el gobierno de Gustavo Petro debió optar desde el inicio por una estrategia distinta, como decisiones ordinarias: ajustar el presupuesto, como se ha hecho en años anteriores, y enfrentar de manera transparente los desbalances entre ingresos y gastos.
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Añadió que la emergencia no era una vía robusta ni sostenible para resolver los problemas de fondo de las finanzas públicas, debido a que el origen del déficit fiscal que enfrenta el país no es un hecho sobreviniente, sino el resultado de pronósticos de recaudo excesivamente optimista, los cuales no se han cumplido desde 2024.
“Ese año, aun sin una ley de financiamiento, el recaudo tributario cayó más de 4 puntos porcentuales frente a lo inicialmente proyectado, generando una brecha cercana a $50 billones entre el Presupuesto General de la Nación (PGN) presentado y lo efectivamente comprometido. En 2025, el presupuesto aprobado fue de $523 billones, pero solo se lograron comprometer $496 billones, lo que dejó una diferencia adicional de $27 billones”, agregó Salazar.
Para el experto en finanzas públicas, el problema fiscal es mucho más profundo que los $16 billones que se buscaban recaudar mediante la emergencia decretada para el PGN 2026, pues, de hecho, las metas de recaudo de impuestos tampoco se cumplieron en 2025 y, bajo las proyecciones actuales, tampoco se cumplirán este año.
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“En este contexto, el cumplimiento de la Regla Fiscal en 2024 fue meramente cosmético, apoyado en transacciones de única vez, y en el Marco Fiscal de Mediano Plazo de 2025 el propio Gobierno reconoció que la Regla no se cumpliría nuevamente, sino hasta 2028”, manifestó el economista.
Según José Mauricio Salazar, Colombia es hoy el único país comparable de Suramérica que continúa aumentando su déficit y su deuda, como proporción de la actividad económica, financiando un Estado que crece más rápido que la economía y destina cada vez más recursos al pago de intereses, sin que ello se traduzca en mayor crecimiento.
Resaltó que, desde 2022, la nación cafetera se ubica entre las economías de menor crecimiento de la región.
El director del Observatorio Fiscal de la Javeriana aseguró que la suspensión de la emergencia debe servir como una alerta institucional, porque “normalizar el uso de estados de excepción para resolver problemas fiscales estructurales abriría un precedente peligroso para la democracia y la estabilidad tributaria del país”.
Salazar recalcó que la política fiscal requiere reglas claras, deliberación democrática y decisiones responsables, no atajos jurídicos.
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