Solo cuatro universidades públicas concentran el 48% de los ingresos del orden nacional y el 37% de los del orden territorial: Nacional de Colombia (UNAL), Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), de Antioquia (UdeA) y del Valle (Univalle).
Los resultados del estudio sectorial Sostenibilidad Financiera de las Universidades Públicas Colombianas (2019-2024) de la Contraloría General de la República evidencian una alta concentración de los recursos públicos en un reducido grupo de instituciones con mayor cobertura académica y de matrícula.
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Según el informe elaborado por la delegada para el Sector Educación, Ciencia y Tecnología, Cultura, Recreación y Deporte de dicha entidad, solo una de las 34 universidades públicas de Colombia es financieramente autosostenible.
Además, el 50,1% de los ingresos que perciben estas instituciones proviene de aportes nacionales, lo que, de acuerdo con la Contraloría, restringe la planificación de largo plazo y profundiza brechas regionales. La entidad destacó que el 97% de las instituciones analizadas no logra sostener su operación con recursos autogenerados.
Otro dato preocupante es que el pasivo pensional, es decir, las obligaciones financieras a largo plazo en materia pensional, asciende a $10.3 billones (a corte de 2024) y es la carga estructural más relevante para las universidades públicas.
El informe señaló que la estructura distributiva de los recursos del Estado incide negativamente en los principios de equidad del gasto público y profundiza las asimetrías regionales, reflejadas en marcadas diferencias en los ingresos por estudiante, que oscilan entre $11.4 millones en la UNAL y $525.777 en la UNAD, frente a un promedio nacional de $4.5 millones.
De acuerdo con la Contraloría, el análisis de solvencia financiera evidenció que el 75,8% (25) de las Instituciones de Educación Superior (IES) registra indicadores iguales o superiores a 3, lo que evidencia una adecuada capacidad para respaldar sus obligaciones financieras.
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“No obstante, el 24,2% restante (8) presenta niveles inferiores, lo que da cuenta de una menor capacidad de cobertura de sus obligaciones y, en algunos casos, márgenes de maniobra financiera limitados”.
En términos de endeudamiento, el 24,2% de las universidades mantiene niveles menores al 10%, lo que indica una gestión prudente del apalancamiento financiero.
Preocupante realidad
Para el líder del Centro de Investigación para el Análisis de Datos Económicos y Sectoriales de la Universidad Politécnico Grancolombiano, Jaime Edison Rojas, la investigación muestra una preocupante realidad de las IES, aunque eso no quiere decir que este tipo de educación esté en quiebra.
“Efectivamente ha habido casos de malos manejos de recursos, que pueden incidir —en la crisis financiera de algunas instituciones—, pero no hay un problema, en este caso, que impida el funcionamiento estructural de las universidades públicas”, agregó Rojas.
El experto destacó que el financiamiento de esas instituciones, por supuesto, tiene que provenir principalmente de fondos públicos. Sin embargo, también es cierto que ahora estas deben buscar otras fuentes; los servicios de extensión e investigación deben ayudar a diversificar los ingresos.
“Por ejemplo, las universidades privadas han tenido que ser mucho más eficientes en esto, porque sus ingresos dependen principalmente de matrículas; y, con la caída de matrículas, han tenido que recurrir a la búsqueda de otras fuentes de ingresos”, añadió el académico.
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¿Cómo enfrentar el desfinanciamiento?
Para la Contraloría, la educación superior pública enfrenta una desfinanciación estructural que compromete la sostenibilidad financiera de la mayoría de las universidades públicas.
Entonces, es pertinente promover una reflexión de política pública orientada a revisar el modelo de financiación vigente y a definir, a la luz de la norma recientemente aprobada (Ley 212 de 2024), la ruta que debe asumir el Estado para garantizar la estabilidad del sistema: avanzar hacia la gratuidad y la universalidad de la educación o fortalecer esquemas que aseguren la sostenibilidad financiera.
El docente del Grancolombiano, Jaime Edison Rojas, indicó que, para enfrentar ese problema, las IES deben diversificar sus fuentes de ingresos, a través de sus procesos de extensión, como lo hacen la Nacional y la UNAD.
En conclusión, el camino hacia la autosostenibilidad de esas casas de estudio requiere no solo diversificar fuentes, sino también reformar el modelo de distribución para corregir inequidades y proteger los recursos misionales de las cargas de deuda y pensiones.
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