La situación de inseguridad en Norte de Santander sigue siendo preocupante y muestra de ello son los recientes ataques armados registrados en las carreteras del departamento, uno dirigido contra contra Ciro Toloza, presidente de la Junta de Acción Comunal del municipio San Cayetano, y el otro contra Ignacio Barrera, exconcejal de Ocaña. 

Los hechos ocurrieron en las vías del departamento, en situaciones aisladas, cuando ambos se dirigían a destinos diferentes, el primero hacia San Cayetano, y el segundo en el corredor entre Ábrego y Cúcuta, pero terminaron alcanzados por las balas de grupos delincuenciales, de los cuales aún no se ha precisado su pertenencia. 

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Aunque el líder comunal alcanzó a ser impactado por los proyectiles, en general ambos ciudadanos están fuera de peligro, pero a la espera, eso sí, de que sean atrapados los responsables. Mientras tanto, activistas de derechos humanos llaman la atención por lo que viene sucediendo en la ciudad y el departamento. 

Para Eliana Zafra, presidenta del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos en Norte de Santander, esta situación muestra que las estrategias que se vienen implementando en materia de orden público por parte de las autoridades, tanto de Cúcuta como del departamento, no avanzan. 

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Añade que ante este escenario “la percepción de inseguridad es cada vez mucho más alta, evidencia de que los gobiernos locales no están haciendo la tarea de prevenir y disminuir los riesgos, por lo cual, en consecuencia, los líderes sociales, sobre todo los de juntas de acción comunal, son los que quedan más expuestos”, dijo. 

Sobre la reciente visita del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y el diseño de nuevas estrategias para enfrentar la criminalidad, sobre todo en el área metropolitana de Cúcuta, donde se registra un alto número de asesinatos y masacres, Zafra señaló que la responsabilidad de la seguridad no recae única y exclusivamente en el Gobierno nacional, “y ese ha sido un mensaje equívoco que se ha entregado por parte de las administraciones”, dijo. 

Explicó que si bien hay una línea de mando nacional, son los gobernadores y alcaldes los que conocen las dinámicas de conflictividad en los territorios, y por lo tanto es su función implementar las acciones contenidas en el plan de desarrollo, en materia de seguridad, y adaptarlas a su realidad. 

“Entonces no podemos atribuir la responsabilidad solo al Gobierno nacional, pues para eso existen las secretarías de seguridad, para eso están creadas”, señaló. 

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Frente a estos señalamientos, George Quintero, secretario de Seguridad Ciudadana del departamento, recordó que desde los gobiernos locales lo que existe es una articulación de las instituciones del Estado, mientras que las funciones del orden público las tienen las fuerzas militares y la Policía Nacional. 

“Nosotros lo que hacemos es llamar, coordinar y verificar las alteraciones que se presentan, convocar a los consejos de seguridad y revisar si se están cumpliendo los compromisos por parte de las diferentes entidades”, dijo. 

En cuanto a los hechos que se presentaron con los líderes sociales, indicó que no hay una información confirmada sobre los perpetradores de los referidos ataques; mientras que en lo que tiene que ver con las medidas adoptadas tras la visita del ministro de Defensa, se mostró optimista de que empiecen pronto a dar resultados.
 
“Es un plan que ya está en ejecución, se han hecho cosas importantes, solo que desafortunadamente no se puede parar toda la ola de violencia rápidamente, como uno quisiera, pero ya se están haciendo los ajustes, con unos cierres en sitios estratégicos, como Juan Frío, el sector de Astilleros, ya se está trabajando”, explicó Quintero.

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