En los pasillos de la Alcaldía de Villa del Rosario ya se murmuraba: el alcalde Juan Camilo Suárez tendría entre ceja y ceja a Viviana Rocío Flórez Dávila, hija del veedor ciudadano y férreo crítico de su administración, Miguel Ángel Flórez. Finalmente, la advertencia se concretó. A través del decreto 082 del 26 de junio de 2025, la funcionaria fue declarada insubsistente en su cargo de Líder de Programa, código 206, grado 07.

La justificación esgrimida en el citado decreto por el alcalde Suárez, para la declaratoria de insubsistencia, fue la supresión de su cargo como parte de una reforma de la planta de personal, adelantada mediante el decreto 051 del 14 de mayo del mismo año, la cual, según él, ajustada a la ley. 

Según detalla el gobernante municipal en el acto administrativo, esta reforma tenía como objetivo crear nuevos cargos que respondieran a las necesidades de las distintas dependencias de la alcaldía. 

Sin embargo, el proceso ha levantado una oleada de cuestionamientos legales y éticos.

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Denuncias ante Fiscalía y Procuraduría

El veedor ciudadano Miguel Ángel Flórez reveló que interpuso denuncias ante la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación contra el alcalde Suárez y sus funcionarios de Talento Humano y Jurídica, Johan Alexis Giraldo Acevedo y Angie Lucía Zabala Duarte. Los acusa de constreñimiento ilegal al no permitir que su hija ejerciera sus funciones hasta el 14 de julio de 2025, fecha en la que oficialmente debía hacerse efectiva la insubsistencia.

Adicionalmente, Flórez argumenta que su hija contaba con fuero sindical por ser integrante del Comité de Quejas y Reclamos del sindicato Usspunorte Santander. Por esta razón, el despido habría requerido una autorización judicial previa, trámite que, según el veedor, nunca concluyó con respuestas de la Procuraduría Regional.

“Una persecución política”

Para Flórez, el despido de su hija no fue una decisión técnica, sino una persecución política orquestada desde el año anterior. Asegura que, desde 2024, la Alcaldía intentó sin éxito modificar la planta de personal mediante proyectos irregulares. El primero, identificado como Proyecto 006 de 2024, presentaba inconsistencias que fueron parcialmente corregidas en el Proyecto 012, aunque este también adolecía de fallos.

El 2 de mayo de 2025, la Alcaldía volvió a la carga con un nuevo proyecto (006 de 2025), sustentado en un estudio contratado con la firma Sinergia. Este estudio debía incluir 14 productos entre los que se destacaba la matriz de cargas laborales. Sin embargo, Flórez denunció que los documentos fueron ocultados de manera deliberada y sólo se hicieron públicos el 3 de junio, después de aprobada la reforma. “Ese ocultamiento es una conducta punible. Está en el Código Penal”, afirmó el veedor.

"Irregularidades en el estudio de cargas laborales"

Uno de los puntos más graves señalados por Flórez fue la manipulación, según él,  de los datos en la matriz de cargas laborales. Viviana Rocío, bióloga de profesión y próxima a graduarse en una especialización en gestión de riesgos, habría grabado la entrevista que le realizaron como parte del estudio. En la grabación, detalló las horas que dedicaba a cada función. "Sin embargo, los responsables del estudio habrían reducido de manera arbitraria estas cifras para justificar la eliminación del cargo", afirmó el veedor ciudadano.

“Incluso con los datos manipulados, el cargo se seguía necesitando. Con los datos reales, no solo se justificaba uno, sino dos cargos. Es decir, en ningún escenario podían eliminarlo”, aseveró Flórez. Esto, a su juicio, constituiría un fraude procesal.

Una recusación sin respuesta

El 12 de mayo, cuando el proyecto de reforma avanzaba en el Concejo Municipal, Viviana Rocío presentó una recusación contra el alcalde Suárez. La ley ordena que cualquier actuación administrativa quede suspendida mientras la Procuraduría resuelve de fondo la recusación. Pese a ello, la administración municipal continuó el proceso y sancionó el acuerdo mediante un alcalde encargado el 13 de mayo. Luego, el mismo alcalde Suárez expidió el decreto de insubsistencia, lo cual —según Flórez— representa una grave violación normativa.

“Desde el 12 de mayo, la Procuraduría ha enviado dos oficios señalando que no ha podido resolver la recusación porque el alcalde no ha enviado respuesta. Eso significa que todo debió estar suspendido”, afirmó Flórez.

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Notificación irregular y constreñimiento

El veedor ciudadano expuso que otra presunta irregularidad señalada es el proceso de notificación del decreto. Según el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), cuando no se notifica personalmente, debe hacerse por aviso en cartelera y página web de manera simultánea durante cinco días. El plazo legal vencía el 14 de julio, por lo cual la funcionaria tenía derecho a seguir en funciones hasta esa fecha.

Sin embargo, Flórez denunció que su hija fue presionada y hostigada para abandonar el cargo antes de ese plazo. “Eso es constreñimiento. A ella no la han notificado legalmente”, declaró.

Un caso que podría escalar judicialmente

El caso de Viviana Rocío Flórez Dávila podría convertirse en un nuevo capítulo judicial para la Alcaldía de Villa del Rosario. Las denuncias de persecución política, fraude procesal, ocultamiento de documento público y constreñimiento ilegal, además del presunto desconocimiento del fuero sindical, apuntan a una posible cadena de violaciones legales por parte del gobierno municipal.

La Alcaldía se defiende

La Alcaldía de Villa del Rosario, a través del jefe de Gestión y Talento Humano, Johan Alexis Giraldo, reveló una serie de hallazgos administrativos y financieros que comprometerían la gestión anterior, específicamente en lo relacionado con contrataciones y pagos laborales durante el segundo semestre del año 2023.

Según Giraldo, desde que asumió el alcalde Juan Camilo Suárez en 2024, la nueva administración detectó un preocupante déficit administrativo y financiero. “No se hicieron los pagos de nómina correspondientes a los meses de noviembre y diciembre, y tampoco se pagaron las primas”, denunció.

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Nombramientos "a dedo" y sin estudios técnicos

Uno de los hallazgos más graves tiene que ver con el nombramiento de 27 funcionarios entre julio y diciembre de 2023 (al final de la administración de Carlos Socha), proceso que, de acuerdo con Giraldo, se hizo “a dedo, sin estudios y sin necesidad real de personal”.

Al asumir en 2024 el gobierno actual, se inició un análisis más profundo de la carga laboral, lo que llevó a contratar un estudio de rediseño institucional mediante un proceso público y transparente. La empresa adjudicada fue Sinergia, especializada en estudios de carga laboral.

Un municipio con necesidades, 
pero sin capacidad financiera

El estudio contratado arrojó tres escenarios. La administración optó por el de menor impacto económico, pues aunque se reconoce que Villa del Rosario requiere una planta de personal cercana a las 220 personas, la capacidad financiera del municipio no permite asumir ese nivel de contratación, dijo el funcionario.

El proyecto de rediseño institucional fue llevado al Concejo mediante el acuerdo 006, el cual fue invalidado por el Tribunal Administrativo, aunque no por fallas técnicas del estudio, sino por razones financieras.

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Durante las indagaciones realizadas por la administración actual, se descubrió que detrás del proceso de contratación de 2023 estaría Miguel Ángel Flórez, actual veedor ciudadano y uno de los críticos más férreos de la gestión de Suárez. Según Giraldo, siete familiares de Flórez, incluida su esposa, fueron vinculados mediante los cargos creados durante ese periodo.

“Al revisar los cargos, encontramos que muchos no eran necesarios. Incluso, varias de las personas contratadas se acercaron a Talento Humano a decir que habían pagado entre 30 y 40 millones de pesos para ser vinculados. Eso dicen ellos, por lo cual les pedimos que hicieran las denuncias ante las autoridades”, explicó el funcionario.

Giraldo aseguró que se están adelantando denuncias formales en contra de la veeduría de Miguel Ángel Flórez, citando como base la Ley 850 de 2003, que prohíbe ejercer veeduría cuando el cónyuge o compañero permanente del veedor haya trabajado en la entidad vigilada en el año anterior.

“Aquí trabaja su hija, y también ha tenido cargos su esposa. Además, nadie que haya sido condenado puede ejercer veeduría. Eso lo inhabilita”, añadió Giraldo.

Caso Viviana Rocío Flórez: “No fue un despido arbitrario”

Sobre la insubsistencia del cargo ocupado por Viviana Rocío Flórez, hija del veedor, Giraldo fue enfático en aclarar que no se trató de una retaliación política. “La decisión fue resultado del rediseño institucional. El estudio determinó que Villa del Rosario no necesita una bióloga marina. Ella es una profesional íntegra”, dijo.

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El jefe de Talento Humano detalló que se le notificó debidamente a Flórez sobre la decisión. “Al no recibir las notificaciones, se procedió a publicar la decisión en la cartelera municipal, como lo establece la norma. Incluso, llamamos a la Personería para dar transparencia al proceso. Ella se negó a firmar hasta el acta que ella misma solicitó”.

“No hay persecución política”

Finalmente, Giraldo subrayó que la administración ha actuado conforme a la ley y sin motivaciones políticas. “La conformación de un sindicato es un derecho, pero debe hacerse conforme a las normas. Nosotros no estamos haciendo persecuciones políticas. Remitimos todas las anomalías a la Procuraduría y a la Fiscalía. Estamos abiertos a cualquier requerimiento de los entes de control”.

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