A diez años de la promulgación de la Ley de Feminicidio en Colombia, la Procuraduría General de la Nación presentó un balance sobre la implementación de la normativa, destacando las barreras que aún enfrentan las víctimas sobrevivientes de feminicidio y las víctimas indirectas.

En el foro ‘Polifonía, una década de la ley de feminicidios: Realidades, Limitaciones y Alcances’, realizado este jueves, se abordaron los desafíos para garantizar una aplicación efectiva de la ley, además de las dificultades en la implementación del enfoque de género en los procesos judiciales.

Durante la jornada, la Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y la Mujer, María Fernanda Rangel, explicó que, a pesar de los avances normativos, persisten obstáculos significativos, especialmente en la aplicación de las normas desde una perspectiva de género por parte de los operadores judiciales y los funcionarios públicos.

En su intervención, Rangel subrayó que este problema no solo afecta la justicia, sino que también dificulta el acceso a medidas de protección efectivas para las víctimas.

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Entre los principales retos destacados por la Procuraduría, se mencionó la falta de coordinación entre las entidades encargadas de la protección de los derechos de las mujeres, particularmente entre los niveles nacional y territorial. Esto provoca revictimización y largas demoras en el acceso a la justicia, lo que agrava la situación de las mujeres en riesgo.

En este sentido, la Procuraduría hizo un llamado a revisar y mejorar las prácticas de intervención, destacando que las medidas de prevención del feminicidio deben ser implementadas de manera conjunta y corresponsable por todas las instituciones involucradas. La Delegada también enfatizó que el trabajo conjunto es fundamental para garantizar la eficacia de la Ley de Feminicidio.

Por otro lado, la Procuraduría reiteró su compromiso con la vigilancia preventiva y con el impulso de políticas públicas orientadas a una atención integral y efectiva para las mujeres en situación de riesgo. En este contexto, destacó que el feminicidio y el transfeminicidio deben ser considerados como fenómenos estructurales que trascienden el ámbito penal.

Por esta razón, la Procuraduría hizo énfasis en la necesidad de que el Estado garantice una respuesta con enfoque diferencial y territorial. Rangel concluyó su intervención al señalar que "las políticas públicas deben adaptarse a las realidades de cada región del país y considerar las particularidades de las mujeres que viven situaciones de violencia".

Feminicidio en Colombia

La Ley de Feminicidio en Colombia, promulgada en 2015, establece el feminicidio como un delito autónomo, lo que significa que la pena por el asesinato de una mujer se aumenta considerablemente cuando se comete por razones de género, ya sea por discriminación o violencia basada en su sexo.

Esta ley también amplía las definiciones de feminicidio para incluir otras formas de violencia contra la mujer, como el asesinato de mujeres transgénero y situaciones de violencia en el contexto de relaciones de pareja.

La Ley 1761 de 2015 busca no solo la sanción de los responsables, sino también la prevención de este tipo de crímenes, y exige una respuesta institucional coordinada, con énfasis en la protección de las víctimas y en la erradicación de la violencia de género.

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Entre enero y abril de 2025, Colombia registró 123 feminicidios, 79 tentativas de homicidio y 19 asesinatos de personas OSIEGD y LGBTI, según datos del Observatorio de Feminicidios Colombia.

En el mismo periodo, la Fiscalía General de la Nación ha tipificado 12 transfeminicidios y 7 crímenes contra personas LGBTI. Las autoridades han identificado que los departamentos con mayor incidencia de feminicidio son Antioquia, Atlántico, Bogotá y Valle del Cauca.

Estos hechos ponen de manifiesto la urgencia de reforzar las políticas públicas y de garantizar el acceso a la justicia para las víctimas, según señaló la Defensoría del Pueblo en un comunicado emitido el 29 de abril de 2025.

La Defensoría del Pueblo hizo un llamado urgente para fortalecer las acciones de prevención, protección y justicia en todo el territorio nacional. La institución subrayó que los datos evidencian una alarmante tendencia en la violencia basada en género (VBG) y enfatizó que se requieren políticas inmediatas para frenar estos crímenes. "La violencia de género no da tregua. Las cifras continúan siendo preocupantes y necesitamos respuestas rápidas y efectivas", manifestó la entidad.

Además de los feminicidios, entre enero y marzo de 2025 se registraron 5.307 casos de violencia intrafamiliar que afectaron a mujeres, con 3.669 de ellas mayores de 18 años. Las regiones más afectadas por la violencia intrafamiliar han sido Antioquia, Cundinamarca, Valle del Cauca y Boyacá.

A su vez, los delitos sexuales afectaron a 3.804 mujeres, siendo las niñas y adolescentes las más vulnerables, con 2.011 casos reportados. En este mismo contexto, 59 mujeres fueron víctimas de explotación sexual, de las cuales 46 eran menores de edad.

En el ámbito de la trata de personas, 22 mujeres fueron reportadas como víctimas en los primeros tres meses del año, con predominancia de víctimas adultas, aunque también se registraron casos de niñas y adolescentes. Bogotá, Antioquia y Norte de Santander han concentrado la mayor parte de estos casos.

Ante la gravedad de la situación, la Defensoría del Pueblo resaltó que la violencia de género y la discriminación contra mujeres, niñas y personas diversas no solo son un desafío para el sistema de justicia, sino también una violación de los derechos humanos que exige acciones más efectivas por parte del Estado.

La entidad pidió a las autoridades que implementen medidas más agresivas para garantizar la vida y la integridad de las víctimas, y advirtió que la falta de acción puede seguir cobrándose más vidas y truncando el futuro de miles de mujeres y personas diversas en Colombia.

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