El Consejo Superior de la Judicatura ordenó la creación de tres cargos transitorios de magistrado adjunto en el Tribunal Superior de Bogotá con el objetivo de descongestionar los despachos que deberán decidir en segunda instancia el proceso penal contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, condenado a 12 años de prisión domiciliaria por delitos de soborno y fraude procesal.

Mediante el Acuerdo PCSJA25-12326, expedido el 6 de agosto de 2025, el Consejo dispuso la designación temporal de magistrados adjuntos en los despachos 004, 011 y 013 de la Sala de Decisión Penal No. 19 del Tribunal Superior de Bogotá. Estas designaciones regirán entre el 11 de agosto y el 10 de octubre.

Los nuevos magistrados tendrán como función exclusiva sustanciar y fallar procesos distintos al del expresidente Uribe, con una meta mensual de emitir diez sentencias o decisiones de fondo que pongan fin a procesos penales en curso. Mientras tanto, los magistrados titulares de los tres despachos se concentrarán exclusivamente en el análisis y resolución de la apelación de Uribe.

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El proceso penal contra Uribe fue asignado por competencia previa a los tres despachos que integran la Sala Penal No. 19. Debido a la “connotación, complejidad y volumen” del expediente, la Sala solicitó apoyo para sustanciar el proceso de apelación, cuyo vencimiento de términos está previsto para el 8 de octubre.

La decisión de crear cargos transitorios se adoptó tras certificarse la disponibilidad presupuestal por parte de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, según consta en oficios emitidos en mayo. El Consejo también estableció que los despachos judiciales deberán reportar mensualmente su gestión y cumplimiento de metas en los sistemas oficiales de la Rama Judicial.

Adicionalmente, la Sala Penal No. 19 fue eximida temporalmente del reparto de nuevas acciones de tutela entre el 5 y el 20 de agosto, para que sus tres magistrados se dediquen exclusivamente a resolver la tutela interpuesta por la defensa del expresidente, que busca anular la condena de primera instancia.

Dicha acción fue presentada por el abogado Jaime Granados, quien argumentó la presunta vulneración de derechos fundamentales como el debido proceso y la presunción de inocencia. La solicitud de medida cautelar que permitiría a Uribe enfrentar el proceso en libertad fue rechazada el 4 de agosto.

La decisión sobre la tutela será tomada por los magistrados Alexandra Ossa Sánchez, Manuel Antonio Merchán Gutiérrez y María Leonor Oviedo Pinto, luego de que el magistrado Ramiro Riaño Riaño se declarara impedido. Riaño señaló dos causales de conflicto de interés, entre ellas, vínculos personales y denuncias previas presentadas por Luis Eduardo Montealegre, víctima en el proceso contra Uribe.

Con esta reconfiguración, y el respaldo de magistrados adjuntos para otros asuntos, la Rama Judicial busca garantizar el cumplimiento de los términos legales y la resolución definitiva del caso en segunda instancia dentro del plazo establecido.

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