La Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) cerró definitivamente la etapa de investigación sobre los secuestros de las extintas Farc con la imputación de crímenes de guerra y de lesa humanidad a 15 exintegrantes del Bloque Oriental y a 7 del Bloque Sur, quienes fueron señalados como los máximos responsables de implementar políticas criminales que derivaron en torturas, esclavitud, violencia sexual y tratos crueles contra miles de víctimas en más de la mitad del territorio nacional.

La decisión judicial completó la atribución de responsabilidades en el Caso 01, donde la magistratura identificó a un total de 63 máximos responsables del secretariado y los mandos medios.

De los 22 nuevos imputados, la JEP determinó que ejercieron liderazgo y mando determinante para materializar los secuestros. La investigación reveló que estas estructuras no solo privaron de la libertad, sino que cometieron delitos que la justicia ordinaria no había procesado anteriormente, como "tortura, tratos crueles e inhumanos, esclavitud e incluso violencia sexual".

Los magistrados concluyeron que el Bloque Oriental y el Bloque Sur operaron como las estructuras "más crueles" de la organización armada. Las víctimas de estas facciones soportaron los cautiverios más prolongados y condiciones extremas, que incluyeron "hacinamientos en cajones de tablas o en alambradas de púas".

La JEP estableció que los secuestros respondieron a tres patrones: financiación, intercambio humanitario y control territorial. Sobre este último punto, el tribunal documentó cómo la guerrilla secuestró a civiles para "obligarlas a trabajar para la guerrilla" bajo un régimen de esclavitud.

El tribunal documentó el caso de la familia Polanía Ramos, que vivía del transporte fluvial en el río Caquetá. Tras negarse a transportar guerrilleros gratis, "varios de ellos fueron secuestrados y forzados a trabajar gratis para la guerrilla" y padecieron todo tipo de maltratos. Asimismo, en la zona de 'La Gorgona' en Guaviare, las víctimas relataron que "fueron obligadas a trabajar sin pago en la construcción de carreteras, en jornadas de hasta 12 horas diarias".

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La investigación arrojó cifras contundentes sobre la sevicia de los excombatientes. Aunque el Bloque Sur fue responsable del 8% de los secuestros según la Fiscalía, concentró el 18% de las víctimas acreditadas ante la JEP, lo que reflejó la dificultad histórica para denunciar en esas zonas. De las 398 víctimas directas de este bloque, 37 reportaron violencia sexual y 54 tortura.

Una víctima del Bloque Sur, secuestrada en 2002 en Caquetá, narró que fue llevada a un lugar conocido como Rancho Quemado donde la obligaron a realizar trabajos forzados. Durante ese tiempo, la mujer denunció que "fue abusada sexualmente por el guerrillero al que identificó como 'Morocho' y por otros dos hombres".

Por su parte, los militares y policías secuestrados con fines de canje describieron ante la magistratura las denominadas "marchas de la muerte", caminatas de más de 40 días bajo condiciones infrahumanas. Clara Rojas, fórmula vicepresidencial de Ingrid Betancourt, describió estas escenas: "Era un espectáculo lamentable verlos avanzar penosamente entre la maleza; parecía una escena de una película de esclavos. Por la noche les ponían otra cadena complementaria para atarlos a un árbol".

Los responsables del Bloque Oriental

El Bloque Oriental, la estructura más grande de las Farc, fue responsable del 34% de los secuestros en el país y tenía la meta de aportar 2,5 millones de dólares al secretariado mediante extorsiones. Entre los 15 imputados figuran Wilmar Antonio Marín ('Hugo 22'), Bernardo Mosquera ('Negro Antonio') y Elber Caviedes ('Albeiro Córdoba'), quien supervisó el cautiverio de 10 oficiales.

También fue imputado Gerardo Antonio Aguilar, alias 'César', quien tuvo bajo su vigilancia a 15 políticos, incluida Ingrid Betancourt, y actualmente se encuentra extraditado en Estados Unidos. La Sala de Reconocimiento ordenó la búsqueda de tres comparecientes de este bloque —Bertulfo Caicedo, Julián Saavedra y Olivo Guantiva— cuyo paradero se desconoce o no han respondido a los llamados de la justicia.

La crueldad del Bloque Sur

En cuanto al Bloque Sur, la JEP imputó a 7 exjefes, incluyendo a Fabián Ramírez Cabrera y Floresmiro Burbano ('Martín Corena'). Esta estructura fue responsable de secuestros de alto impacto político y tomas guerrilleras como las de Las Delicias y Patascoy.

Los magistrados documentaron que este bloque ejecutó el secuestro del avión de Aires en 2002 para raptar al senador Jorge Eduardo Géchem y realizó la toma del edificio Miraflores en Neiva. En este último hecho, secuestraron a Gloria Polanco y a sus dos hijos menores de edad, quienes fueron separados de su madre y retenidos durante tres años hasta que su padre pagó el rescate.

Los 22 imputados tienen un plazo de 30 días hábiles para reconocer su responsabilidad por escrito y aportar verdad plena. La JEP advirtió que si los comparecientes niegan su responsabilidad, el caso pasará a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), donde enfrentarán un juicio adversarial que podría derivar en penas de hasta 20 años de cárcel.
La magistratura también exigió a los exjefes guerrilleros entregar información sobre las 185 personas que permanecen desaparecidas tras ser secuestradas por estos bloques, de quienes sus familias aún no tienen noticias.

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