El expresidente Álvaro Uribe Vélez denunció penalmente al presidente Gustavo Petro por hostigamiento y calumnia.
Así lo dio a conocer Víctor Mosquera, abogado del expresidente, quien radicó esta acción penal ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.
La denuncia es presentada por una serie de manifestaciones públicas proferidas por el jefe de Estado los días 28 y 29 de julio de 2025 a través de su cuenta oficial en la red social “X”.
Señala que, en dichas publicaciones, Petro profirió acusaciones directas al expresidente Uribe sobre conductas gravemente delictivas como homicidios, narcotráfico, paramilitarismo y corrupción, todas estas “infundadas y carentes de respaldo judicial”.
Desde la defensa de Uribe sostienen que estas acusaciones del jefe de Estado son “directas, infundadas y carentes de respaldo judicial”, sumado a que “no existe condena penal alguna ni decisión judicial que sustente dichas afirmaciones”.
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“Estas expresiones, proferidas desde la investidura presidencial y usando canales institucionales, no solo constituyen un atentado a la honra, el buen nombre y la dignidad personal y política del Dr. Álvaro Uribe Vélez, sino que además configuran una conducta sistemática de estigmatización y hostigamiento político, dirigida a deslegitimar a un líder político de relevancia nacional”, cuestiona la defensa del exmandatario.
Agregan que estas acusaciones realizadas por Petro “representa una clara violación de los límites constitucionales e internacionales a la libertad de expresión”, y una contravención a las decisiones de la Corte Constitucional, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el sistema internacional de derechos humanos y el pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Esta nueva disputa judicial entre Uribe y Petro, se da horas previas a este 1 de agosto, donde la jueza Sandra Liliana Heredia anunciará la sentencia contra el expresidente, declarado culpable de fraude procesal y soborno en actuación penal.
Este viernes se definirá el monto de la pena que pagará el expresidente y si esta se realizará en un centro penitenciario o bajo el beneficio de prisión domiciliaria, convirtiéndose en el primer expresidente de Colombia en ser condenado penalmente.
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