Conductores de empresas  venezolanas de servicio público interfronterizo, entraron en pugna en la Central de Transportes Estación Cúcuta, con acusaciones de ilegalidad para operar desde ese destino hacia San Cristóbal (Táchira).

Representantes de las líneas Venezuela y Fronteras Unidas alegan que los vehículos de la Cooperativa Unión de Transportadores Fronterizos Quinta República y la Cooperativa de Conductores Fronterizos, ingresan a la Terminal de Cúcuta “sin el lleno de los requisitos legales y la utilización de los muelles de la terminal, sin que las autoridades encargadas de la materia hayan tomado cartas en el asunto”.

El representante legal de la Línea Venezuela, Aníbal Rangel Sayago, puso la situación en conocimiento del Personero Municipal, Juan Carlos Bautista, así como de otras instancias regionales y nacionales en Colombia.

En la carta enviada al Personero, el 16 de junio del 2011, manifiesta que en la administración de Carlos Eduardo Camero Rolón, “sin ninguna documentación se les permitió a las cooperativas Quinta República y Cooconfront, el ingreso a la Terminal lo que ha venido de tiempo atrás perjudicando gravemente a las empresas que prestamos el servicio internacional de pasajeros”.

Agrega que “ahora, William Bautista, actual gerente liquidador, asignó muelle a esas cooperativas, no obstante que se le hizo llegar un oficio del Instituto Nacional del Transporte Terrestre de la República Bolivariana de Venezuela, en donde les fue revocada la certificación o autorización para operar que tenían dichas cooperativas, es decir que son ilegales en Venezuela, sin embargo, aquí en Colombia se les legaliza”.

Las cooperativas Quinta República y Cooconfront estaban operando en el muelle de alistamiento, donde recogían los pasajeros. Por razones del encerramiento que se inició en esa área se les asignó el muelle de ascenso de pasajeros o embarque en la mitad del módulo tres y el módulo cuatro, junto a las empresas  Venezuela y Fronteras Unidas.  
Todas serían ilegales

El gerente liquidador de la Central de Transportes Estación Cúcuta, William Bautista, explicó que existen unas empresas que fueron autorizadas en 1980 por el desaparecido Instituto Nacional de Tránsito (Intra), que han venido funcionando desde entonces.


Agregó, que a partir de la Constitución de 1991,  según un concepto del Ministerio de Transporte, esas empresas de alguna manera no estarían autorizadas porque esa potestad le corresponde a la Cancillería mediante convenios internacionales que reglamenten el transporte fronterizo.
En estos momentos todas las empresas no estarían autorizadas según la Constitución, incluidas las tres primeras, y las tres que entraron a operar a partir del 2000 y que fueron autorizadas por los alcaldes de la época y son objeto de controversia, que presentan la misma falta de autorización por parte del gobierno colombiano, según el gerente.

Precisó que en la actualidad se está trabajando con el Consulado General de Venezuela en Cúcuta, Ministerio de Transporte y  representantes de las empresas transportadoras para elevar la solicitud al respectivo Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia y Venezuela, con el propósito de que se inicie la agenda de trabajo para poder reglamentar el transporte interfronterizo.

La directiva de las líneas Venezuela y Fronteras Unidas, que han manifestado su desacuerdo con Quinta República y Cooconfront, deben elevar las denuncias ante las autoridades venezolanas, para que sean ellas las que determinen e impidan que salgan del Táchira hacia Cúcuta.

Explicó que no es prudente que siendo Cúcuta el destino de una línea venezolana, “nosotros tengamos que tomar decisiones gubernamentales para detener un flujo vehicular que por costumbre comercial y autorización de un alcalde de la época están laborando dentro de  La Terminal”.

Reiteró que las líneas Venezuela y Fronteras Unidas, deben dirigirse al Ministerio de Transporte en la República Bolivariana, para que determinen si esas empresas no están debidamente autorizadas y  procedan a intervenir ese parque automotor evitando que cubran el destino San Cristóbal-Puente Internacional Simón Bolívar-Cúcuta.

“Si la decisión la tomáramos nosotros, estaríamos violando una autorización de un alcalde de Cúcuta, y en segundo lugar un acuerdo comercial entre los dos países”

El gerente dijo que el parque automotor de las cuatro líneas es demasiado viejo,  y no cumpliría con las normas técnicas referenciadas en Colombia.

Agregó que Venezuela les ha propuesto renovar los vehículos, “pero sabemos que para esas empresas el negocio no es solo el transporte de pasajeros, sino traer gasolina de contrabando, tema en el cual está trabajando el Consulado de Venezuela, el gobierno venezolano y nosotros también estamos interesados en que eso se regule, porque son más de 500 carros que de alguna manera ingresan gasolina y contrabando a nuestro país”.

Documentos al día

El presidente del sindicato Unión de Choferes Transportistas Bolivarianos del Estado Táchira (Unictrans), Jorge Leonardo Romero Carrillo, dijo que el fondo del problema es la ‘guerra del centavo’, porque las cooperativas Quinta República y Cooconfront operan bajo los mismos parámetros legales que las líneas Venezuela y Fronteras Unidas, con una resolución de ingreso a la Terminal, ubicación jurídica y la autorización para la prestación del servicio de  transporte público de pasajeros del gobierno venezolano.

El dirigente del sindicato que aglutina a la Cooperativa Quinta República, explicó que no les ha sido revocada la certificación por parte de las autoridades venezolanas porque “en el proceso administrativo que llevamos en Venezuela, hay una certificación provisional a dos años, como es el caso de Quinta República, donde estamos tramitando unidades nuevas que el Gobierno Nacional nos va a suministrar para que la empresa salga adelante”.

La empresa no ha sido notificada de una revocatoria por vía administrativa, aseguró.

Contamos con una certificación de servicio a dos años, la cual opera de la Central de transportes de Cúcuta a la Terminal de Pasajeros de San Cristóbal, y hasta el momento la empresa está operando, según Romero Castillo.  

Dijo que Quinta República, que en la actualidad cuenta con 115 unidades, el 11 de noviembre del 2009 ganó una medida judicial, con el ingreso a la Terminal de San Cristóbal, donde se autorizó a operar desde ese destino.

Dijo para finalizar que la cooperativa que representa ofrece mejores condiciones laborales a los trabajadores y mejor lucro administrativo a los asociados, y “la competencia siempre es sana y buena”.