Redacción: Efecto Cocuyo
En un clima de creciente tensión política en Venezuela, Edmundo González Urrutia y María Corina Machado se han convertido en objetivo judicial en Venezuela, tras las recientes elecciones nacionales presidenciales. Las amenazas dirigidas contra ambos líderes opositores han intensificado la preocupación sobre la integridad del proceso democrático en el país.
González Urrutia, candidato presidencial en las últimas elecciones y quien reclama que los resultados le fueron favorables, ha sido acusado por líderes chavistas como Nicolás Maduro de “incitación a la violencia” y “conspiración contra el orden público”. Incluso, el embajador ha sido señalado de “asesino” y de haber formado parte de la muerte de sacerdotes salvadoreños en 1989, durante la ofensiva guerrillera denominada “Hasta el tope” de la guerra civil de ese país centroamericano.
Por su parte, Machado, líder de la oposición, ha sido objeto de una investigación que la vincula a presuntos actos de “subversión” y “desestabilización del estado”. Machado, quien ha sido una crítica feroz del gobierno y ha liderado protestas, ha acusado al gobierno chavista de utilizar el sistema judicial como una herramienta de represión política.
La comunidad internacional ha expresado su preocupación por la situación, instando al gobierno de Maduro a respetar los derechos humanos y el debido proceso legal.
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Repasemos un poco varias de esas amenazas y señalamientos contra ambas figuras políticas:
Luego de que el 5 agosto Machado y González instaran a los militares y policías de venezolanos a desconocer las órdenes del gobierno de Maduro de «reprimir» a sus seguidores y a reconocer los resultados de la elección presidencial presentados por la Plataforma Unitaria, la Fiscalía a cargo de Tarek William Saab ordenó abrir una investigación penal a los dos opositores por «instigación a la insurrección», entre otros «posibles delitos».
Antes de que comenzara oficialmente la campaña presidencial, Saab dijo que la denuncia de la líder opositora María Corina Machado sobre el ataque a dos camionetas que la movilizaban y sufrió en el estado Lara, eran «un falso positivo». El titular del Ministerio Público dijo que por el hecho hay una persona detenida, que supuestamente es miembro del partido Vente Venezuela.
En la madrugada del 2 de agosto, la quinta Bejucal, sede del comando de campaña de González Urrutia fue objeto de vandalización y un presunto allanamiento ilegal. La oposición acusó a agentes de inteligencia del Estado.
El 3 de agosto, Nicolás Maduro le advirtió a González Urrutia que habrá “graves consecuencias” por no presentarse ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para evaluar y ratificar los resultados de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio.
“Todo lo que dijo usted señor González Urrutia va para el expediente y en el momento en el que se decida a sentencia usted tiene consecuencias legales graves por desacato a la Constitución, a los tribunales y a las leyes. Todo lo que diga puede ser usado en su contra”, añadió.
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Apoyo internacional
El embajador de Estados Unidos ante la OEA, Francisco Mora, declaró que en caso de que los líderes de la oposición María Corina Machado y Edmundo González Urrutia sean detenidos la comunidad internacional va a presionar con todo al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
«Si Maduro decide hacer eso, activará a la comunidad internacional en formas que él no podría imaginarse, y creo que sus esfuerzos por fracturar y dividir a la comunidad internacional habrán fracasado rotundamente», comentó Francisco Mora.
Mora dejó claro que en caso de que continúe la persecución contra opositores, incluso aquellos que respaldaban a Maduro, lo van a abandonar.
El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Antony Blinken, por su parte expresó su “preocupación” por la seguridad de Machado, que se declaró en resguardo ante amenazas de cárcel.
Blinken les expresó a los líderes de la oposición “su preocupación por su seguridad y bienestar tras las elecciones”, al tiempo que “condenó toda la violencia y represión políticas”, según un comunicado del Departamento de Estado.
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