Texto: Alianza #LaHoraDeVenezuela-Conectas (Tal Cual)

La persecución política en el país se intensificó tras los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio, luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) diera como ganador al gobernante Nicolás Maduro. El descontento derivó en protestas en todo el país, con más de dos mil detenidos y 24 muertos según las autoridades. 

Los partidos políticos vinculados a la Plataforma Unitaria y la candidatura de Edmundo González no estuvieron exentos al hostigamiento, los allanamientos o las detenciones arbitrarias. 51 activistas y dirigentes, según una revisión hecha por TalCual, han sido víctimas de estas acciones entre el 29 de julio y el 5 de agosto.

Esto significa que, en promedio, siete militantes de partidos fueron hostigados, detenidos o sus viviendas fueron allanadas por los cuerpos de seguridad. En la mayoría de las actuaciones (15), los funcionarios estuvieron encapuchados y sin insignias visibles. 

La Policía Nacional Bolivariana (PNB) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) estuvieron involucrados en ocho situaciones de hostigamiento o detención cada uno, seguidos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), que fue identificada en seis oportunidades, y la Guardia Nacional (cuatro). 

Del grupo de 51 personas, 25 se encuentran actualmente detenidos. Los lugares de reclusión o los delitos por lo que se les acusa son desconocidos en la mayoría de los casos. Otras dos personas fueron arrestadas sin conocer los cargos, pero fueron excarceladas días después. Tal es el caso del alcalde del municipio Lagunillas (estado Zulia), José Cheo Mosquera. 

El alcalde, que pertenece a Un Nuevo Tiempo, fue detenido por funcionarios de la Dgcim el pasado 31 de julio, tras acudir a la sede de PoliLagunillas a un "interrogatorio" por unas publicaciones que denunció como falsas. Fue trasladado a la ciudad de Caracas, aunque se desconoce el sitio donde estuvo detenido o si fue presentado en tribunales. 

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Otros dos alcaldes sí se mantienen bajo arresto. Se trata de Jordan Sifuentes (municipio Mejía, estado Sucre) y Fernando Feo (alcalde de Tinaquillo, estado Cojedes). También se desconoce de los delitos que se le acusan. 

23 personas también han sido víctimas de hostigamiento y persecución por parte de los cuerpos de seguridad, mientras que a cuatro les ha sido allanada su vivienda, como sucedió con la secretaria política regional de Vente Venezuela en el estado Carabobo, Albany Colmenares. 

La mayoría de los afectados han sido los militantes de los partidos Primero Justicia, Vente Venezuela y Voluntad Popular, aunque el rango de persecución se amplió a diferencia de meses anteriores a organizaciones como el Movimiento al Socialismo (MAS), Guayana Libre, Avanzada Progresista o Cuentas Claras.

Esta última, de carácter regional, es liderada por el exalcalde Enzo Scarano, quien se encuentra desaparecido desde la noche del 2 de agosto. Ese día fue detenido su hijo Vicente, coordinador general de la Alcaldía de San Diego y que milita en el mismo partido. Dos días después fue presentado en tribunales y no se le permitió juramentar a su defensa privada. 

Solo en los casos de Yalbert Rafael Sivira (La Causa R) y Nelson Merino (Encuentro Ciudadano) se conoce formalmente los presuntos delitos que alega la Fiscalía. En el caso del coordinador juvenil del partido laborista, fue acusado de terrorismo y asociación para delinquir. Actualmente se encuentra recluido en el Internado Judicial Yare III. 

Mientras que al coordinador de asuntos Lgbti de Encuentro Ciudadano en Carabobo, que estuvo en situación de desaparición forzada por varios días, el Tribunal 4 de Control de esa entidad lo procesó por cuatro supuestos delitos: obstrucción de la vía pública, terrorismo, incitación al odio y resistencia a la autoridad.

Detenciones no paran

Desde enero de este año hasta el 5 de agosto, al menos 53 personas vinculadas de forma directa a partidos políticos se encuentran detenidos, la mayoría vinculados a supuestos actos de terrorismo o incitación al odio. En las últimas 24 horas también se registraron los arrestos de María Oropeza, coordinadora estadal de Vente Venezuela en Portuguesa, del exalcalde de Sifontes (estado Bolívar) Carlos Chancellor y la concejal del municipio Freites (Anzoátegui) Beatriz Andrade.

Además, el alcalde del municipio Carora (estado Lara), Javier Oropeza, denunció el allanamiento de su vivienda, la de su madre y del diario El Caroreño por parte de funcionarios del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas), uno de los brazos de la Guardia Nacional.

Varias Relatorías de Naciones Unidas han calificado como "abuso crónico" el uso de la legislación antiterrorista venezolana. Respecto al uso de la llamada "Ley contra el Odio", la organización Espacio Público recordó en su último informe anual que esta normativa «tiene una serie de vicios tanto de forma y fondo como de origen que la hacen inconstitucional y violatoria de los derechos humanos», al contravenir estándares internacionales en materia de libertad de expresión. 

La ONG ha dicho que esta norma tiene conceptos amplios y difusos sobre lo que se considera un delito de odio, por lo que existe una discrecionalidad amplia para su aplicación. Además, se prevén sanciones entre los 10 y 20 años de prisión o multas que superan los 10.000 dólares. En tres años de aplicación, se han registrado 162 denuncias. 73 de ellas han sido hostigamientos judiciales y 62 hostigamientos que se transformaron en detenciones arbitrarias. 

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