En el Táchira, los residentes han protestado por el cobro de una supuesta multa de 1.000 bolívares, que equivale a casi 30 dólares o 120.000 pesos, a los que no inscribieron sus propiedades en el sistema del Borrón y Cuenta Nueva que lleva a cabo la Corporación Eléctrica en varios estados de Venezuela. 

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La actualización del sistema de Corpoelec arrancó el año pasado por el estado Zulia, también fronterizo con Colombia, con la idea inicial de que las personas se pusieran al día con los pagos del servicio público.

Lo contradictorio para los tachirenses, es que este cobro lo hagan cuando pasan al día al rededor de 8 horas sin fluido eléctrico y que cuando se queman sus electrodomésticos por causa de las fluctuaciones ninguna institución les responde. 

Mientras tanto, empleados de la empresa estatal han visitado urbanizaciones de la zona norte y frontera de la región, informando a las personas que deben cancelar el mencionado monto de dinero.

Eduardo Vásquez dijo que lo obligaron a ir a la oficina de Corpoelec en San Cristóbal para inscribirse de nuevo porque no figura en el sistema, pero le inquieta que ha visto que a muchos les ha salido una multa de 1.000 bolívares. 

“No entiendo cuál es la trampa, ni el engaño a las personas. Vengo asustado porque no tengo para pagar esa multa”, expresó el ciudadano Vásquez fuera de la oficina de Corpoelec en barrio Obrero, San Cristóbal.

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Indicó que este cobro es injusto porque tampoco la población fue avisada al respecto.

El abogado Henry Flores, presidente del Colegio de Abogados del Táchira, manifestó que el cobro por parte de Corpoelec es ilegal.

Explicó que las multas son materia de reserva legal y de orden público, lo que implicaría que hubiera un acto administrativo del órgano (Corpoelec) sancionando a la persona, de lo contrario no puede ser algo discrecional del funcionario, solo porque la persona hizo un trámite tardío.

Expresó que en todo caso la sanción debería ser notificada como lo establece el artículo 74 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, por lo tanto, no hay ninguna multa que pagar.

Informó que la empresa no puede negar el servicio eléctrico a quienes no hicieron el registro porque es un mandato de la Constitución.

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“Creo que lo quieren es tener ganancia en río revuelto algunos funcionarios, valiéndose de esa situación. Bien tontos los venezolanos si nos dejamos que nos violentan nuestros derechos y si no exigimos a los funcionarios que nos presten el servicio”, afirmó el litigante.

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