Diversas han sido las voces que se elevaron en Táchira para protestar por la aplicación parcializada de las vacunas contra la COVID-19, y entre ellas se destaca la de la gobernadora, Laidy Gómez, quien dirigió un mensaje al ministro de Salud venezolano, Carlos Alvarado, para advertirle que “las vacunas no se pueden manejar con esquema de discriminación ni bajo ningún control político”.
La funcionaria destacó que Táchira cuenta con 252 ambulatorios y 10 hospitales, de los cuales sólo se ha vacunado al personal de salud del Hospital Central, único centro asistencial centinela en pleno funcionamiento en la región, debido a las fallas que en la aplicación de Rayos X e imagenología presentan las otras instituciones que atienden a pacientes afectados por la pandemia.
“Se está discriminando al personal de los hospitales dependientes de la Corporación Regional de Salud y a los médicos venezolanos”, denunció la mandataria quien agregó que “se evidencia el control político cuando se da prioridad de vacunación al personal de los Centros de Diagnóstico Integral (CDI) y se deja de lado al de los hospitales”.
Gómez argumentó que esta situación sucedió esta semana en los centros de salud de los municipios Junín, Ayacucho “o cuando se vacuna sólo a los médicos integrales como se hizo en Fernández Feo, Libertador, mientras en el hospital de Jáuregui sólo se vacunó al personal del CDI y a la delegación cubana”.
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La gobernadora del Táchira criticó, además, que en otras situaciones se de prioridad a los funcionarios públicos por encima del personal de salud y de la población más vulnerable.
“Si bien es cierto que todos tienen derecho a la vacuna, no es menos cierto que los protocolos internacionales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) le da la exclusiva prioridad al personal de salud, independientemente del ente para el cual presten sus servicios”, recordó Gómez.
Asimismo, ONG denunciaron ante la Defensoría del Pueblo la falta de priorización para el suministro de vacunas contra la COVID-19 y exigieron que las mismas se apliquen bajo el estricto cumplimiento de los criterios establecidos por la OMS.
Integrantes de las ONG Coalición Anticorrupción, Proyecto 860, Médicos Unidos de Venezuela y FundaRedes, junto a maestros, dirigentes de las organizaciones de la sociedad civil, y pacientes de diversas patologías crónicas, consignaron un documento de derecho de petición de información sobre las inmunizaciones, al tiempo que solicitaron un plan de vacunación que priorice a la población más vulnerable.
“Después de un año de pandemia vemos que el Estado sigue improvisando sin dar respuestas”, dijo Omar Vergel, coordinador de Médicos Unidos de Venezuela, capítulo Táchira.
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Ildemaro Useche, presidente de la Federación Venezolana de Maestros, destacó que siendo el sector educativo el segundo en ser inmunizado, sólo se asignaron 2.250 vacunas para un universo de 39 mil maestros y pese a lo restringida de la muestra, se dé prioridad a personal no docente.
“A los maestros estadales se les asignaron sólo 279 vacunas. En educación privada, cinco docentes por institución. De los casi 400 maestros municipales de San Cristóbal, apenas asignaron 20 dosis y unas 1.600 dosis para docentes dependientes del Gobierno Nacional y personal no educativo”, precisó Useche.
El directivo docente rechazó que se evidencie la preferencia política en la aplicación de vacunación para combatir la pandemia, pues “de los seis municipios que conforman la zona metropolitana del Táchira,sólo se tomó en cuenta al personal del sector educativo perteneciente a los municipios que siguen la postura política del gobierno venezolano y dejaron por fuera a los educadores de Andrés Bello, único municipio opositor del área metropolitana”, apuntó el representante magisterial.
