La Corte Suprema de Justicia dio concepto favorable a la extradición del ciudadano venezolano Alberto Carlos Mejía Hernández, señalado como uno de los cabecillas más buscados del 'Tren de Aragua' en Chile, para que sea juzgado por el homicidio del prestamista José Felipe Reyes Ossa, conocido como 'El Rey de Meiggs', ocurrido el 19 de junio de 2025 en la comuna de Ñuñoa, con lo cual la decisión final sobre la entrega quedó en manos del presidente de la República.
Mejía Hernández, de 18 años, fue capturado el 16 de agosto de 2025 en Barrancabermeja por agentes del Grupo de Investigación Criminal de la Interpol en Colombia, en un operativo que contó con el apoyo de Carabineros de Chile. Días después, la Fiscalía colombiana formalizó la orden de captura con fines de extradición y comenzó el trámite judicial que terminó en la Sala Penal.
Para desviar su rastro, el joven utilizó el nombre de Osmar Alexánder Ferres, también registrado como Osmar Alexander Ferrer Ramírez. El 18 de julio de 2025, el Ministerio Público de Chile emitió una alerta de búsqueda internacional con ese seudónimo, pero la recolección de huellas y el cruce de información con Interpol establecieron que se trataba de un nombre ficticio.
Un mes después, el 19 de agosto de 2025, las autoridades chilenas enviaron una nota verbal en la que solicitaron la detención del requerido con fines de extradición, respaldada por una orden de captura emitida en julio de ese mismo año. En paralelo se activó una notificación roja de Interpol que permitió ubicarlo en territorio colombiano.
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Tras el homicidio del prestamista, Mejía Hernández —entonces identificado como Ferrer Ramírez— fue dejado en libertad después de la imputación, luego de presentar una boleta de libertad cuya autenticidad investigan ahora las autoridades chilenas. Para esclarecer las razones de su excarcelación, la Fiscalía de ese país abrió una indagación por la presunta falsificación del documento.
Según el diario El País, en la audiencia de formulación de cargos la magistrada advirtió que el venezolano y otros dos integrantes de la banda representaban un "peligro para la seguridad de la sociedad", alertó sobre el riesgo de fuga y afirmó que "con estas personas libres, tenemos que persignarnos".
Durante el proceso ante la Sala Penal, la defensa y el Ministerio Público presentaron pruebas y alegatos. Un punto clave fue la verificación de identidad: pese a la estrategia de camuflar su nombre con un alias, peritazgos dactiloscópicos confirmaron que se trataba de la misma persona solicitada por Chile, sobre quien pesaba circular roja de Interpol y un expediente delictivo en el país austral.
Con ese panorama, la Corte concluyó que se cumplen los requisitos formales y materiales para la extradición y que no existen obstáculos para autorizar la entrega.
Con el concepto favorable, la decisión queda en manos del Gobierno, que deberá definir si hace efectiva la entrega. En ese camino, también deberá informar a la representación diplomática de Venezuela para que haga seguimiento al caso y vele por las garantías del ciudadano solicitado.
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